Yoselin González Derecho Municipal Tesis | Page 350

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administrados que se verán afectados con la anulación del acto, a quienes
se les debe asegurar el ejercicio legítimo y efectivo del derecho de
defensa, cumpliendo con todos los principios y garantías del debido
proceso. (Dictamen No. 176-2016 de 25 de agosto de 2016). Entonces,
las partes del procedimiento son aquellas que se verán perjudicadas o
beneficiadas con la anulación del acto. Por esa razón y porque no se está
en ejercicio de la potestad disciplinaria, no debió tenerse como parte al
funcionario municipal que aprobó el certificado de uso de suelo y el
permiso de construcción. Siempre dentro del ámbito del debido proceso es
importante considerar que contra la resolución inicial del procedimiento se
interpuso un recurso de revocatoria y apelación, pero no consta en el
expediente que el recurso de revocatoria fuera resuelto por el órgano
director de previo a que el órgano decisor resolviera el de apelación, tal y
como lo exigen los artículos 347 y 349 de la LGAP. También debemos
señalar que en el procedimiento deben resolverse todas las gestiones de
las partes y en este caso concreto, queda pendiente de resolver por parte
del órgano director la defensa de prescripción planteada por xxx S.A.,
pues ese alegato no quedó resuelto mediante el acuerdo que rechazó el
recurso de apelación planteado contra la resolución inicial (folios 329-339).
Asimismo, de los artículos 296 de la LGAP y 51 del Código Procesal
Contencioso Administrativo (Ley No. 8508 de 28 de abril de 2006) se
extrae que otro de los requisitos formales para el ejercicio de esta
potestad es conformar un expediente documental, identificado, completo,