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entusiasta para investigar su asesinato. No se abrió investigación contra Maneiro, y fue
trasladado a una posición menos visible.
Durante este tiempo, hubo otras señales de que el narcotráfico estaba aumentando en
Venezuela. En 2004 se llevaron a cabo una serie de incautaciones récord de drogas en el país:
32 toneladas de cocaína y 12 toneladas de heroína y marihuana. La participación de los
militares facilitando la circulación de la cocaína también fue objeto de investigación en agosto
de 2004, cuando varios oficiales le tendieron una trampa a tres pasajeros de un vuelo (entre
ellos un ciudadano estadounidense) por narcotráfico en el aeropuerto internacional de Caracas.
Otros funcionarios de la Guardia Nacional fueron detenidos en un caso separado, cargando
cocaína en un avión privado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Este tipo de
incidentes resaltó el papel de los militares en el narcotráfico, y su tendencia a apoderarse de
cargamentos de drogas sólo cuando no habían recibido los respectivos sobornos.
En 2005 sucedió otro hecho que contribuyó al fortalecimiento de las redes del crimen
organizado en el país, cuando Chávez acusó a la DEA de espionaje. Esto puso fin a los
proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos, incluyendo una de las iniciativas que
pudo haber actualizado la tecnología de Puerto Cabello, uno de los puntos de salida para los
cargamentos de drogas más importantes del país.
Uno de los más claros indicios de que funcionarios de alto nivel en las fuerzas de seguridad han
estado involucrados en el crimen organizado sucedió en 2008, cuando la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assests Control)
anunció sanciones contra las siguientes personas:
– Hugo Armando Carvajal Barrios, director de inteligencia militar en ese entonces.
– Henry de Jesús Rangel Silva, a quien Chávez nombró comandante de las fuerzas armadas y
ministro de defensa en enero de 2012.
– Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro de interior y justicia.
Presuntamente todos eran contactos de las FARC en un esquema de intercambio de drogas por
armas.
En septiembre de 2011, la OFAC sancionó a otros cuatro funcionarios venezolanos, según
informes basados en evidencia recuperada de los portátiles encontrados en el campamento del
asesinado comandante de las FARC Raúl Reyes:
– Cliver Antonio Alcalá Cordones, más tarde nombrado como jefe de la Región Estratégica
de Defensa Integral de Guyana del Ejército (REDI Guyana).
– El congresista Freddy Alirio Bernal Rosales, exalcalde de Caracas.
– El oficial de inteligencia Ramón Isidro Madriz Moreno.
– Amílcar Jesús Figueroa Salazar, un político descrito como “un traficante de armas para las
FARC (…) y un contacto principal para los líderes de las FARC asentados en Venezuela”.
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