DESAFÍOS ANTILAVADO
Para las relaciones nuevas y existentes asociadas a los funcionarios políticos y sus beneficiarios designados, partidos y entidades asociados, el monitoreo continuo, que contenga opiniones de los medios de comunicación / búsquedas de noticias negativas, el análisis de cambio de perfil( por ejemplo, cambios en la información de identificación personal [ PII ]), beneficiarios o firmantes), y la revisión de transacciones de alertas rojas de ALD podrían estandarizarse como parte de los programas de conozca a su cliente( KYC) de las IF. Si las relaciones no reveladas anteriormente o las actividades sospechosas fueron descubiertas por medio del proceso de KYC u otros datos impulsados por la alerta, dichas cuentas podrían entonces ser objeto de mayor investigación. Si se determina que la información revelada no es sospechosa pero presenta graves riesgos para la IF, la( s) cuenta( s) en cuestión podrían merecer una calificación de mayor riesgo. Si la información se determina sospechosa y presenta un mayor riesgo a la IF, una mayor investigación puede justificar la presentación de los CTR y potencialmente los ROS. En última instancia, los ROS de investigación de políticas, procedimientos y procesos robustos sirven como claves para la identificación de operaciones sospechosas ligadas a la corrupción política y pueden llegar a ser el eslabón perdido de importantes investigaciones criminales comparables a las anteriormente mencionadas.
Agencias de control legal y los costos de la corrupción política
La orientación de FFIEC también determina que los programas de cumplimiento de BSA / ALD también deben establecer y mantener políticas, procedimientos y procesos de apoyo sanos para respaldar las citaciones de un gran jurado, las Notificaciones de Agencias de Control Legal( LENs), y los requisitos de la Sección 314( a) y( b) de la Ley del Patriota. En caso de que un cliente políticamente expuesto sea objeto de tales investigaciones, las instituciones deben estar preparadas para proporcionar respuestas completas, oportunas y precisas a las agencias de control legal( LE), ya que estas investigaciones son extremadamente de alto perfil y requieren documentación sólida por parte de los investigadores y fiscales. Los programas de intercambio de información establecidos por la FinCEN sirven como recursos adicionales para ayudar a las agencias de control legal y a las IF, con la 314( a) ayudando a las LE a localizar los activos financieros y transacciones recientes por los sujetos de las investigaciones criminales, mientras que la 314( b) soporta el intercambio de información entre las IF bajo protección segura para ayudar en la identificación y comunicación de posible lavado de
15, 16 dinero o financiamiento del terrorismo.
Como se indicó anteriormente, la intención de este artículo es poner de relieve los riesgos y el impacto de la corrupción. En términos económicos reales, los fondos ilícitos fluyen a través del sistema financiero en cualquier forma general y pueden contribuir a“ interrupciones de fijación de precios, del crédito y de la confianza del consumidor, entre otros factores, cada uno de los cuales es componente integral de un sector financiero sano, ya sea a nivel local, nivel regional, nacional o internacional”. 17 La corrupción, sin embargo, es distinta en que su impacto puede limitarse a un beneficio personal de un individuo solo, o más indirectamente, puede ayudar a nuevas actividades delictivas a gran escala. En 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico( OCDE) publicó un escrito sobre los costes sociales de la corrupción. A pesar de que el escrito de la OCDE se centra en el nivel internacional, se enumeran varias consecuencias económicas y sociales negativas clave de la corrupción política que se aplica en todas las condiciones, que incluyen:
• Costos mayores al hacer negocios;
• Desperdicio y uso ineficiente de los recursos públicos;
• La exclusión de los pobres de los servicios públicos, lo que perpetúa la pobreza; y
• La corrosión de la confianza pública, lo que socava el estado de derecho, y en última instancia deslegitima el estado. 18
La corrupción política contribuye directamente a la decadencia social y moral de la sociedad en general, sobre todo si se permite que se incruste dentro de las instituciones y se convierta en la norma cultural. La corrupción incontrolada se cobra un“ impuesto” oculto en la economía, a la vez que promociona un marco social construido sobre la competencia desleal( por ejemplo, el uso del soborno, el chantaje o la extorsión a diferencia de los protocolos de licitación del gobierno legítimo), que sesga la fijación de precios y en algunos casos sirve para ayudar a empresas criminales por medio de la influencia sobre las instituciones y las funciones del gobierno. Una mayor erosión de la eficiencia económica y gubernamental atribuida al amiguismo y el clientelismo sólo empeora tales escenarios.
Resumen
Sería invalido presumir que la corrupción política puede ser desterrada del gobierno, como así mismo suponer que las regulaciones y los controles de cumplimiento de BSA / ALD de alguna manera podrían evitar que los delincuentes, y los políticos corruptos mucho menos, exploten las IF en su beneficio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el gobierno de los EE. UU. se basa en la industria de servicios financieros para servir como la“ primera línea de defensa” contra el posible mal uso y el abuso del sistema financiero, es imperativo que las IF den un segundo vistazo a sus PEP locales y que sopesen estas relaciones con cuidado, tanto en el inicio de cuenta, así como de manera continua con el fin de ayudar a mitigar los costos sociales negativos asociados con esta forma“ legitimada” de la actividad criminal. La confianza del público en las instituciones gubernamentales, así como la integridad del sistema financiero, que está en juego y es el deber fiduciario de las IF— en el contexto del cumplimiento de las leyes y la reglamentación de regímenes— de garantizar que los programas de cumplimiento de ALD saludables se encuentren ubicados para ayudar a eliminar la corrupción dondequiera que ocurra.
Brian Arrington, MBA, CAMS, director de comunicaciones del Capítulo de Chicago de ACAMS, Chicago, IL, EE. UU., editor @ acams. org
15
“ FinCEN’ s 314( a) Fact Sheet, FinCEN, 2 de febrero del 2016, https:// www. fincen. gov / statutes _ regs / patriot / pdf / 314afactsheet. pdf
16
Ibid.
17
Brian Arrington,“ El Cumplimiento No es un Centro de Costos,” ACAMS Today, marzo-mayo de 2015, http:// www. acamstoday. org / el-cumplimiento-no-es-un-centro-de-costos /
18
OECD,“ The Rationale for Fighting Corruption,” 2014, http:// www. oecd. org / cleangovbiz / 49693613. pdf
ACAMS TODAY | MARZO – MAYO 2016 | ESPANOL. ACAMS. ORG | ACAMSTODAY. ORG 17