SOLUCIONES PRÁCTICAS
de mayor riesgo, para establecer procesos y
controles defectivos que mitiguen los riesgos de
LSB/ALD. Si no se controlan adecuadamente, las
calificaciones de riesgo ineficaces o inexactas
tienen un impacto directo y sostenido en los
esfuerzos de monitoreo de clientes y transacciones (EDD/KYC), a lo largo de toda la relación
con los clientes, con la consecuencia involuntaria
de retrasar o, peor aún, de anular toda capacidad
para detectar actividades inusuales potencialmente sospechosas.
Una vez que ese segmento de clientes fue identificado, aislado y escalado a un nivel superior de
monitoreo, surge la pregunta de si se asignaron
suficientes recursos humanos y tecnológicos
para asegurar que la empresa pueda ejecutar
una estrategia de cumplimiento de LSB/ALD que
satisfaga las metas críticas de desempeño y las
correspondientes obligaciones regulatorias. Aquí
se ve cómo una ineficaz evaluación de riesgo de
cliente tiene correlación directa con la asignación
de los recursos, la eficiencia y la eficacia, independientemente del entorno operativo (manual
vs. automatizado). Para las entidades financieras,
la evaluación del riesgo/evaluación del riesgo de
cliente afecta cuatro componentes de sus costos:
1) la capacidad para identificar y medir la actividad sospechosa, o sea, la capacidad de erradicar las cuentas y las relaciones peligrosas;
2) el costo directo de los recursos humanos dedicados a EDD/KYC y la suficiente capacidad de las
iniciativas de monitoreo de transacciones;
3) el impacto del costo-beneficio directo de las
soluciones informáticas relacionadas con la
exactitud en la predeterminación de los parámetros y en los esfuerzos de ajuste/reajuste; con la
exactitud para identificar actividades y patrones
sospechosos; con la gestión de los costos de
proveedores; y con
4) la capacidad para encarar nuevos productos y
servicios adecuados al perfil o necesidades de los
clientes.
En términos prácticos, los costos mencionados
equivalen a pérdidas en dinero real, a través de:
relaciones indeseadas; apertura de cuentas de
alto riesgo; incapacidad para identificar las actividades sospechosas, lo que resulta en potenciales acciones regulatorias que incluyen multas
y restricciones; pérdida de oportunidades de
negocios; escasez de personal, que debilita la
efectividad de los programas LSB/ALD; exceso
de personal que infla los costos y/o produce una
mala asignación de valiosos recursos que podrían
haberse dedicado a mejorar los programas o los
sistemas; y clientes de alto riesgo que “se cuelan
por las grietas”. Al final, las entidades financieras que tienen una evaluación de riesgos débil
deberán afrontar muchos peligros, que incluyen
riesgos de cumplimiento, legales, operacionales
y de reputación, que no se agotan en esta lista.
Entidades financieras vs. autoridades
de aplicación de la ley: contrastes y
paralelismos
Si bien las entidades financieras tienen un grupo
de clientes individuales y una capacidad de calificar sus riesgos, basada en las transacciones y
en los Archivos de Información de Clientes (CIF)
— que equivalen a datos duros — las autoridades
de aplicación de la ley, para construir sus casos
y procesarlos judicialmente, dependen de informaciones provenientes de un grande y variado
pool de recursos. Las autoridades dependen de
la calidad de la información — tanto de fuentes
internas como externas — y se encuentran con
lagunas de información inherentes porque, si
bien pueden averiguar que cierto número de
organizaciones criminales, lavadores de dinero
o posibles entidades de financiación terrorista
residen en una determinada jurisdicción, no
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