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en 1866 por $5. Shotwell la llevó a Indianápolis, donde vivía su familia
y quedó en la familia Shotwell durante los próximos 134 años, pasando
de mano en mano durante tres generaciones.
Wayne Pratt, un comerciante de antigüedades de la Antiques
Roadshow, se enteró de que dos hermanas mayores, ambas descen-
dientes directas de Shotwell, intentaban comercializar la Declaración
de Derechos a través de Sotheby. Debido a que los expertos de Sotheby
sabían que la alegación de las hermanas Shotwell a la propiedad era
dudosa en el mejor de los casos, Sotheby se negó a comercializar la
Declaración de Derechos. Pratt supo de un amigo en Sotheby que
la Declaración de Derechos podría estar disponible. Por lo tanto,
Pratt, con el dinero de inversores, se acercó confidencialmente a las
hermanas Shotwell. Para verificar la autenticidad de la Declaración
de Derechos, él y su equipo llevaron la declaración de derechos a un
grupo de expertos de la American University en Washington. Este
grupo de expertos se centraba exclusivamente en el estudio del
primer Congreso de los EE.UU. (el Congreso que realmente redactó
la Declaración de Derechos). Los expertos le confirmaron a Pratt que
era muy probable la copia de la Declaración de Derechos de Carolina
del Norte, que un particular no podía legalmente poseer un docu-
mento público y que Carolina del Norte probablemente reclamaría
la propiedad. A pesar de que se le advirtió que no podía legalmente
poseer el documento, Pratt y sus inversores pagaron a las hermanas
Shotwell $400.000 por el documento y luego trataron de venderlo en
el mercado negro por hasta $30 millones.
Pratt inicialmente trató de vender la Declaración de Derechos a
alguien muy rico que luego lo podría prestar o donar a un museo.
Cuando ese esfuerzo fracasó, intentó venderlo directamente a un
museo. Se acercó al Centro Constitucional Nacional en Filadelfia.
Si bien interesados en el documento, los historiadores en el Centro
Constitucional Nacional de inmediato se dieron cuenta de que había
una cuestión jurídica seria con respecto a la titularidad y propiedad.
Los directores del Centro Constitucional Nacional pidieron al gober-
nador de Pennsylvania, Ed Rendell, que llamara al gobernador de
Carolina del Norte, Michael Easley, para saber si Carolina del Norte
podría ayudar en la compra del documento y no oponerse a que el
Centro Constitucional Nacional lo poseyera. Si bien el gobernador
Easley sabía que no podía obviar el reclamo del documento de parte de
Carolina del Norte, temporalmente aceptó la solicitud del Gobernador
Rendell para dar al Fiscal General de Carolina del Norte, el FBI y
las Fiscalías Federales en Raleigh y Filadelfia tiempo para concertar
una operación encubierta para recuperar el documento de Pratt.
La operación encubierta del FBI en Filadelfia, en la que el Centro
Constitucional Nacional se convirtió en participante crítico, dio como
resultado una recuperación segura del documento. Y luego, durante
los próximos 18 meses litigamos en tribunales tanto estatales como
federales sobre quién o a qué entidad realmente le correspondía la
Declaración de Derechos. Con la ayuda sustancial de la Oficina del
Fiscal de los EE.UU. en Raleigh, Carolina del Norte, finalmente se
impuso y la Carta de Derechos se encuentra ahora en la posesión de
los Archivos del Estado de Carolina del Norte.
Otro caso significativo de ALD en el que yo estuve involucrado fue
un procesamiento de una agente de bienes raíces que ayudó a su
cliente en el lavado de dinero del narcotráfico (United States vs.
Campbell). El narcotraficante quería comprar una casa, sin embargo,
su ingreso declarado, que no incluía sus ganancias de la droga, era
insuficiente para calificar para la hipoteca necesaria. Para ayudar
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al narcotraficante a comprar la casa sin dar a conocer su ingreso
ilegal, la agente de bienes raíces en realidad ayudó al narcotraficante
a entregar $60.000 en una bolsa de papel a los vendedores y no lo
informó en los documentos de cierre. Si bien la agente de bienes
raíces no sabía a ciencia cierta que su cliente era un traficante de
drogas, ella sabía que su cliente estaba manejando dinero sucio. De
este modo, el jurado llegó a la conclusión de que ella sabía que estaba
manejando dinero sucio. Esta fue la primera acusación dentro del DOJ
sobre la base de una teoría de “ceguera intencional” del conocimiento.
AT: En el reciente Foro de Delitos Financieros
Contraterrorismo de SAS, usted propuso la idea de
cambiar el umbral de informes de transacciones en
efectivo (CTR). ¿Podría ampliar esta idea?
FW: Si se va a ajustar por inflación el umbral de $10.000 de 1970
a hoy, el nuevo umbral sería de aproximadamente $63.000. Sería un
aumento dramático. Hoy en día, muchas empresas pequeñas (espe-
cialmente, tiendas de conveniencia de propiedad familiar y restau-
rantes pequeños) están presentando CTR—muchos CTR. Esto genera
muchos más CTR en el año 2015 que los que se contemplaban en el
año 1970. Si bien la tecnología de datos de 2015 permite a las agen-
cias de control legal manejar las transacciones en efectivo, deja a
estas pequeñas empresas con una carga reguladora de conformidad
con el CTR cuando eso nunca se contemplaba en 1970. Piense cuán
pocas transacciones de divisas en 1970 cumplió con un umbral de
$63.000. ¿Es realmente justo que simplemente por la inflación hemos
añadido esta carga regulatoria sobre las pequeñas empresas? Por
último, alguno