programas sociales (educación, salud, vivienda), que afectan el bienestar de capas medias y populares, lo que incrementa el círculo de la pobreza y la brecha social. Es de notar que en Colombia la tasa de participación laboral entre mayo de 2012 y abril de 2013 fue del 64,3%, la de ocupación del 57,7% y el desempleo del 10,3% (menor con respecto al 2003, que fue de 14,8%). Mientras la informalidad se mantiene en 49,8% a marzo de este año. Es por ello que se requiere de un estado regulador del mercado del trabajo y de la distribución del ingreso, que supere el neoliberalismo y el fundamentalismo del mercado perfecto. Además, que regule la ?mano invisible? del precio y propenda por una información transparente que ignore el poder de las multinacionales. La brecha social se incrementa y la desigualdad también incluso en los países desarrollados. Según lo asevera el nobel economista Joseph Stiglitz: ?La riqueza que recibían las élites y los banqueros parecía surgir de su capacidad y su voluntad de aprovecharse de los demás?. (El precio de la desigualdad, 2012). La frustración de los ciudadanos en países como Estados Unidos, Europa y Japón, que no se recuperan de la crisis, es más sensible en los jóvenes que cargan con una sociedad envejecida, con pocas oportunidades laborales y un deterioro del medioambiente; eso es lo que expresan en los movimientos de indignados. También son fuertes los llamados de atención de movilizaciones como las primaveras árabes y las protestas de países como Chile y Brasil, cuyas voces reclaman por calidad en la educación, la salud y los servicios, gritan contra la corrupción al tiempo que demandan mayor participación. La coyuntura colombiana tiene dos caras: la protesta popular legítima, dado el atraso ancestral del país, con campesinos pobres y grupos étnicos que han logrado sobrevivir pese a la exclusión social y política de dos siglos. Y un cierto oportunismo de los gremios y sectores políticos que impulsan los paros con intereses individuales. En medio del huracán social y de crisis como la del Catatumbo, en Norte de Santander, el Gobierno de Juan Manuel Santos –con su Unidad Nacional– quiere acertar con reformas de contenido social, pero tropieza con paramilitares, terratenientes, grupos financieros insensibles al cambio y una guerrilla populista con respecto a la paz que le hace el juego a la derecha. ¿A quién le importa eliminar la pobreza, la desigualdad social y un proyecto histórico incluyente con democracia económica y política?