Ensayos
MARCO LEGAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
En términos generales la participación ciudadana para el control y la rendición de cuentas por medio de la contraloría social está sustentada por numerosos mecanismos legales en los ámbitos nacional e internacional. A nivel nacional se basa legalmente en la primacía de los derechos constitucionales a la información, petición y participación que la Constitución Política establece en los siguientes artículos:
• Artículo 6 º:“… el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
• Artículo 8 º:“ Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición …”.
• Artículo 26 °:“… La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de desarrollo …”.
El derecho a la información plasmado en el artículo sexto se garantiza a nivel federal y en los estados con las leyes de acceso a la información; el derecho de petición se establece por la existencia de reglas de operación en programas federales que deinen los mecanismos de atención ciudadanos y de recepción de quejas y denuncias, y por la existencia de mecanismos y acciones de contraloría social en políticas sociales de impacto directo en la población. El derecho a participar en la planeación está reconocido en la creación del Plan Nacional de Desarrollo, en los Planes Estatales, en los Consejos de Desarrollo Municipal y en los de Planeación Municipal.
En los artículos 69, 70 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social se deine qué es la contraloría social, se determina la responsabilidad del gobierno federal para promoverla y se establecen aspectos necesarios para su operación.
En el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social( LGDS), en los artículos 67 al 74 se establece principalmente la conformación y operación de la contraloría social y la responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública de elaborar y expedir los lineamientos para cumplir con las disposiciones en materia de contraloría social.
De la misma manera, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría
Social en los Programas de Desarrollo Social se indican los lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social.
A nivel internacional, México irmó en 2003 la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en el marco de la Organización de Estados Americanos( OEA); el objetivo de la Convención es promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eicaz y eicientemente la corrupción, así como facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción. También se busca la promoción de la integridad, la rendición de cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.
En síntesis, existe en la legislación mexicana un conjunto de derechos especíicos orientados a garantizar la participación ciudadana en el control y la decisión sobre los recursos públicos en general, y en particular, a garantizar las acciones de contraloría social. La Constitución Política, leyes generales y federales, reglas de operación y acuerdos internacionales incluyen elementos que permiten y fortalecen la existencia de mecanismos de control y vigilancia donde puedan participar los ciudadanos y de esta manera generar un modelo de corresponsabilidad institucionalizado
CONCLUSIONES
Como resultado del análisis de la conformación y evolución histórica de la contraloría social en México es posible puntualizar algunos elementos; entre ellos destaca en primer lugar que su nacimiento tuvo como objetivo acentuar la presencia y participación de los ciudadanos en las acciones de gobierno, dotándolos de atribuciones para intervenir y vigilar el quehacer gubernamental, pero también para contraer responsabilidades, porque el modelo de contraloría social busca la participación y la corresponsabilidad de la sociedad y el gobierno.
El segundo elemento es que a diferencia de otras formas de participación ciudadana, como las manifestaciones, la toma de oicinas gubernamentales y las consultas populares, la contraloría social es un mecanismo institucionalizado que tiene fundamento legal en la Constitución Política, la Ley General de Desarrollo Social y las reglas de operación de los programas de desarrollo social, entre otros. Mediante esta institucionalización de la contraloría social la población percibe un interés real del gobierno para hacerla
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Ángulos, generando tendencias, núm. 8, dic. 2016