Ensayos
normara y vigilara el funcionamiento y operación de las unidades de control que existían; que integrara las acciones de control en un sistema de vigilancia y evaluación; que además deiniera y coordinará los ámbitos del control correspondientes a cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública.
Durante el periodo de Miguel de la Madrid( 1982-1988) se empezó a institucionalizar la participación comunitaria y social en México con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación( Secogef). Con esta entidad se pretendía fortalecer la función de control y evaluación de la gestión pública federal. A la par se reformaron los Sistemas Estatales de Control y Evaluación y la estructura y operación de los Comités de Planeación para el Desarrollo( Coplade); integraron en su interior unidades de control y evaluación que vinculaban las atribuciones de control que correspondían a los órdenes federal y estatal y los relacionaba con los de planeación, programación y presupuesto.
De esta manera la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, como dependencia del Ejecutivo Federal, inició su vida institucional con la expedición de su reglamento interior, publicado en el Diario Oicial de la Federación en enero de 1983.
ORÍGENES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN MÉXICO
Los problemas de desigualdad, inseguridad y pobreza en América Latina; la persistencia de la corrupción y el clientelismo en el Estado y las consecuencias sociales de las reformas estructurales, han debilitado la capacidad de las democracias para resolver los problemas que afectan a las mayorías( PNUD, 2004).
La democracia se airma como el medio para solucionar esos problemas porque con ella se integra a los actores sociales y se crea una nueva relación entre la sociedad y el Estado.
La búsqueda por la libertad, la justicia y el progreso, y la lucha por el poder que buscan imponer los intereses de algunos, han dado lugar a diversas maneras de organización de los seres humanos. Una de ellas es la democracia. La democracia se ha convertido en sinónimo de libertad y justicia; es, a la vez, un in y un instrumento. Contiene básicamente una serie de procedimientos para el acceso y el ejercicio del poder, pero también es resultado de esos procedimientos. En esta perspectiva la democracia excede a un método para elegir a quienes gobiernan, es también una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso y organizar las tensiones y conlictos que generan las luchas de poder( PNUD, 2006, 35-36).
Como se airma en el informe La Democracia en América Latina de 2004 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo( PNUD), aunque en la región se ha alcanzado la democracia electoral y sus libertades básicas, aún se debe avanzar en la democracia de ciudadanía. La primera se reiere a la libertad y el derecho a votar, mientras la segunda es la que nos permite pasar de electores a ciudadanos; la que utiliza las libertades políticas como palanca para construir la ciudadanía civil y social.
En nuestro país la necesidad de incluir a los ciudadanos en el control, supervisión y vigilancia de los programas de desarrollo social no es reciente, su principal objetivo es el combate a corrupción y la búsqueda de la transparencia en las actividades del gobierno para evitar la discrecionalidad. Aunque la participación social y comunitaria en México tiene profundas raíces, no fue sino hasta el periodo de Miguel de la Madrid( 1982-1988) cuando se empezó a promover su institucionalización.
La propuesta de Miguel de la Madrid se denominó“ Renovación moral de la sociedad”, eje de acción que fue su sello distintivo desde su campaña electoral. En este contexto se integró el Sistema Nacional de Planeación Democrática y se reformaron los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para hacer obligatoria la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo y la instrumentación de políticas públicas a través de programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales bajo la orientación de la Ley de Planeación, publicada en enero de 1983. En este sistema se establecía un mecanismo de consulta popular para recoger la participación social en las etapas de formulación, control y evaluación. Contemplaba la obligatoriedad de la planeación en el ámbito público, la coordinación con los gobiernos estatales y municipales y la inducción o concertación con los grupos sociales interesados( Vázquez, 1994, 2).
En 1983 se reformó el Régimen de Responsabilidades, destacando particularmente lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en su artículo 49 establecía la obligación de las dependencias y entidades de la administración pública de establecer unidades especíicas a las que el público tuviera fácil acceso para que cualquier interesado pudiera presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. La Secretaría de la Contraloría tenía la obligación especíica de establecer un canal ade-
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Ángulos, generando tendencias, núm. 8, dic. 2016