Ahora bien, los objetivos explícitos de la participación ciudadana en la
Administración Pública pueden organizarse desde tres áreas: la económica, la
política y la administrativa. Es así como se detallan a continuación: (Fermín,
2003).
En el área económica: El principal objetivo es la posibilidad de que los
ciudadanos y la sociedad organizada puedan direccionar el gasto público,
controlar la calidad de inversión y la eficiencia del uso.
En el área política: El principal objetivo es la democratización del
sistema político, es decir, la ampliación de los sujetos políticos al conjunto de
ciudadanos, comunidades y organizaciones sociales de diferente tipo. Se
requiere apuntar que la democratización del sistema político comienza de
abajo hacia arriba con la puesta en marcha en el ámbito nacional de los
Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y los Consejos Estadales
de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPCPP). Estas serán
las primeras instancias de participación y decisión en los asuntos públicos del
Estado en la dimensión territorial municipal.
En el área administrativa: La transparencia y la difusión masiva de los
procesos de toma de decisiones. La moralización de la administración pública
a través del control social y la observación permanente de los ciudadanos.
Con base a lo anterior, se sostiene que la participación ciudadana en
los asuntos económicos, administrativos y políticos es parte de la creación de
una nueva cultura de compromiso directo de los ciudadanos, las comunidades
y la sociedad organizada con el Estado, los gerentes públicos y las políticas
sociales de interés colectivo, donde se le brinde solución a los problemas
confrontados por la comunidad.
Bajo este contexto, todos los actores deben involucrarse para la acción
transformadora no solo de las comunidades a las que pertenece sino en cada
una de las instituciones inmersas en dichas comunidades, tal es la escuela
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Artículo Arbitrado
productiva.