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verse con más integración. Lo que es malo para los argentinos
debiera ser malo para los uruguayos y viceversa y, en ningún
caso, es posible avanzar en proyectos sin el consenso necesa-
rio. No olvidemos que Montevideo, Buenos Aires y otras tantas
ciudades de ambos países, han servido de refugio a los emi-
grados políticos desde la época de la colonia y la independen-
cia, hasta los tiempos de los gobiernos militares.
Es inadmisible, entonces, que, a inicios del siglo XXI, cruzar “el
charco” de Buenos Aires a Montevideo o Colonia y viceversa
dependa de un par de empresas y, a un altísimo costo, que
limita el fluido tránsito de los bienes y las personas; primera
condición a resolver para la integración social, cultural y eco-
nómica de nuestros países. Y, ¡qué bien nos vendría a los por-
teños imbuirnos de la bonhomía Oriental!
¿Dónde está la Comisión Administradora y la Técnica Mixta del
Frente Marítimo, para llevar adelante una política común? Có-
mo es posible, que el Puerto de Montevideo le dé cobijo y lo-
gística a cientos de buques mercantes y pesqueros, que hacen
tráfico con Malvinas o capturan en forma clandestina nuestros
recursos en el atlántico sur. Nos hemos retrotraído al 1800
donde los barcos contrabandistas y negreros hacían pie en
Montevideo, pero claro, no había entonces Tratado construido
con tanto esfuerzo ni presupuesto al servicio de promover la
unión.
¿Qué dijo la Comisión sobre la instalación de empresas chinas
en puertos de Uruguay, bajo zona franca, quienes efectuarán
las inversiones necesarias para atender la logística de cientos
de buques oceánicos pesqueros? Nada. ¿Se imaginan que ocu-
rrirá en el Atlántico Sur, la Zona Común y el Río de la Plata?
Por cierto, la Subsecretaría de Vías Navegables de Argentina al
prohibir, por Disposición 1108/13, los transbordos de las ex-
portaciones argentinas en puertos uruguayos (favoreciendo a
Brasil) fue a contrapelo de buscar caminos compartidos y,
también, absolutamente ineficaz, para evitar el uso de los
puertos uruguayos por parte de portacontenedores, buques
que pescan ilegalmente (INDNR) y barcos mercantes extranje-
ros que hacen trasbordo en el mar de pesqueros con regíme-
nes
laborales
esclavos.
En lugar de estar discutiendo, cuál es el puerto y de qué país,
el que tendrá preminencia, deberíamos acordar el manteni-
miento de los canales imprescindibles, incluso con la participa-
ción de Bolivia y Paraguay que usan la hidrovía mantenida por
Argentina y, construir un amplio puerto binacional concentra-
dor de aguas profundas (Art. 27º del Tratado), cercano al lími-
te exterior del Río de la Plata, que facilite las operaciones de
los grandes buques, el comercio, optimice el control aduanero,
reduzca costos, resguarde el acceso a la Cuenca del Plata y,
nos vincule a Chile a través de un corredor bioceánico. Es im-
perioso e impostergable.
No se efectuaron mutuas resignaciones, ni se transformó la
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Isla Martín García en una reserva natural y se estableció una
Zona Común de Pesca en la Z.E.E. de Uruguay y en la aún
más extensa y rica Z.E.E. Argentina para sostener una estruc-
tura burocrática, sino para «asentar las bases de la más am-
plia cooperación entre los dos países» en la explotación de los
recursos, el transporte, la tecnología, el desarrollo portuario y
general, en el que ambas naciones pueden y deben comple-
mentarse.
Respecto a la Zona Común de Pesca (Art. 73º del Tratado) y el
uso de los puertos de Uruguay para buques extranjeros que
operan ilegalmente dentro de la Z.E.E. Argentina o en el área
adyacente a ésta, sobre las especies migratorias o asociadas,
resulta intolerable la inoperancia de la Comisión Técnica Mixta
para llevar adelante Acuerdos de Cooperación que aseguren el
pleno cumplimiento del Tratado (en especial los artículos 3º y
5º); la CONVEMAR; el combate a la Pesca Ilegal, no Declarada
y no Reglamentada (INDNR); las Res. de las Naciones Unidas
Nros. 2065/65; 37/9; 31/49; 23171/73 y 3175/73, y, la Res.
del UNASUR dada en Asunción el 17 de marzo de 2012 donde
los Cancilleres, rechazaron la explotación por parte del Reino
Unido de los recursos naturales del Atlántico Sur y decidieron
prohibir el ingreso a los puertos de buques con bandera ilegal
de Malvinas. Es decir, compromisos, que hacen inaceptable el
uso de los puertos uruguayos a los buques extranjeros que
pescan ilegalmente recursos argentinos y, en su caso urugua-
yos, en el Atlántico Sudoccidental. Por otra parte, el análisis de
las capturas 1989-2017 en la Zona Común de Pesca, nos esta-
ría indicando una mala administración del recurso y un desa-
rrollo desequilibrado de la actividad.
Por cierto, que el Tratado refiere a la «prohibición de acciones
contaminantes, a la protección del medio marino y a la conser-
vación de las especies» (art. 47-52, 54-56, 66, 73-76, 78, 80-
82) y, en el concepto más amplio de estas acciones, se en-
cuentra la prohibición de la explotación irracional y sin control;
la depredación; el descarte de especies; la captura de juveni-
les, etc. todas prácticas que son realizadas por buques ilegales
y, que, siendo perpetradas dentro o no de la Z.E.E. atentan
contra el ecosistema, del mismo modo, que facilitar estas
prácticas depredadoras proveyéndoles puertos de apoyo en
Uruguay.
Como consecuencia del acrecimiento de tierras por aluvión, la
Isla Martín García se unió a la Isla Timoteo Dominguez, dando
lugar, a la primera frontera seca argentino-uruguaya. Todo un
símbolo de cuál es el camino entre ambas naciones.
Ya sea “bo” o “che”, todas estas cuestiones deberían estar
“pronto” o “hechas”. Argentina-Uruguay o Uruguay-Argentina
debieron ser un único y gran país, pero no siéndolo, es nece-
sario que trabajemos para consolidar el espíritu de la Federa-
ción que quiso Artigas, sabiendo que, como dijera San Martín,
“para los hombres de coraje se han hecho las empresas”. Nos
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