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en acuerdo a las prescripciones de la Convención de las Na-
ciones Unidas del Derecho del Mar (CONVEMAR), promovida
en la Argentina por Domingo Cavallo, quién gestó la sanción
de las leyes 23.968 sobre “los espacios marítimos” y la ratifi-
cación de la CONVEMAR (Susana Ruiz Cerutti, fue quién la
firmó) por la Ley 24.543, que le facilitó al R.U. decretar la ZEE
de 200 millas alrededor de Malvinas, al considerarse un Esta-
do ribereño.
Hecha esta introducción, ubiquémonos por un momento en
1976: los habitantes de Malvinas no conocían que era un Ca-
lamar. Cuarenta años después, pescan a través de licencias
otorgadas a buques extranjeros, fundamentalmente españo-
les, 68 mil toneladas de esta especie, con un total de 168 mil
toneladas de pesca (2017), con picos de 400 mil (1999), 300
mil (2007) o 450 mil (2015), donde el calamar ha sido la es-
trella en la mayoría de los años. Las exportaciones pesqueras
de Malvinas se destinan en un 94% al mercado español y
representan el 75% de los ingresos de Malvinas.
Un 60% del millón de toneladas, valuadas en unos 2.000 mi-
llones de dólares anuales, que los buques extranjeros pescan
ilegalmente en el Atlántico Sur, corresponden al Calamar.
Trataré de ser lo más sencillo posible: el calamar Illex argenti-
nus (su solo nombre científico ya es elocuente) migra anual-
mente hacia el área de Malvinas (GAP), la plataforma conti-
nental y al talud y, es el sostén principal de los ocupantes de
las Islas, pero, también, la interrelación de los habitantes con
terceros países de Europa. En este escenario ¿a alguien se le
ocurriría darle información biológica sensible -fundamental
para la economía en Malvinas- a los británicos? Sí. Al go-
bierno argentino sí.
El 28 de noviembre de 1990 firmó el Acuerdo
de conservación conjunta argentino-británica de los
recursos marítimos argentinos en el Atlántico Sur. El
R.U. conocía, la dependencia biológica del recurso que migra-
ba del mar continental argentino hacia el área de Malvinas e
inició una acción destinada a sensibilizar la opinión pública
(también hoy lo hace la Armada y la Prefectura) y también a
los ambientalistas, biólogos y, diplomáticos de Cancillería,
respecto a que los buques extranjeros sobrepescaban el re-
curso. No se referían los británicos a las licencias otorgadas
por ellos, que también depredaban y depredan, pero, utiliza-
ron este pretexto, para concertar una conservación conjunta
con Argentina desde Chubut hasta la Antártida. Esta argu-
mentación pública, era absolutamente falsa, ya que lejos de
reducir las capturas en el área de exclusión de Malvinas
(FICZ), los británicos las aumentaban en 1989 con relación a
la campaña anterior.
Años antes, la FAO ya había informado que «había un desor-
den general en las pesquerías del sur», atribuido en gran me-
dida a la actividad del R.U., ya que éste había atraído gran
cantidad de buques extranjeros a la región. No obstante, se
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estableció esta Comisión Conjunta de Pesca del Atlántico Sur,
para evaluar la situación de los recursos pesqueros a la altura
de la Península de Valdez (Latitud 45ºS), por encima del Gol-
fo de San Jorge de Chubut hasta debajo de las Islas Sándwich
del sur (Latitud 60ºS), es decir, ya no en la FICZ, sino frente
a los mares de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la An-
tártida. Un verdadero relevamiento biológico de nuestro re-
curso con el consentimiento, que le permitiría establecer su
propia estrategia a la hora de otorgar licencias pesqueras a
buques extranjeros (¡!).
El propio experto inglés, Robin Churchill, nos decía: «el go-
bierno británico, si bien está preparado para levantar la FICZ
a favor de un régimen multilateral, en la práctica no querrá
hacerlo, para no perjudicar la economía de los isleños», de-
jando en claro, que bajo la supuesta vocación ecologista, los
británicos necesitan conocer el ecosistema de la región, para
tener más certeza sobre el futuro del recurso.
La Subsecretaría de Pesca de entonces puso a disposición del
Acuerdo los buques Oca Balda y Holmberg del INIDEP para
que los británicos conozcan en detalle nuestros recursos; al-
go, que muchos países consideran un secreto de Estado; pero
que, en el caso de la Argentina, adquiere una mayor grave-
dad, en razón, de la explotación ilegal de nuestros recursos
por parte de Reino Unido de Gran Bretaña.
Nuestro país les prestó tecnología, el conocimiento, la biolo-
gía, la concentración, el stock, los sistemas migratorios y de
interrelación de las especies, etc. información que es sustan-
cial para la economía de Malvinas y, en ello intervinieron,
nuestros más prominentes científicos, de los que el Reino Uni-
do carecía.
En la VII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur
reunida en Buenos Aires el 18/19 de noviembre de 1993 con
la participación de representantes británicos y el compromiso
del titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) el subcomité científico señaló: «las autoridades ar-
gentinas adoptarán las medidas de administración apropiadas
para la conservación del recurso». La misma Comisión, que
este gobierno ha revitalizado, después que el 6 de diciembre
de 2005 se dejara sin efecto, cuando los ingleses otorgaron
licencias pesqueras por 25 años, en una clara demostración
de la actitud depredadora con la que pescan.
Ahora, el gobierno reedita esta Comisión a partir del pacto
Foradori-Duncan del martes 13 de septiembre de 2016 y, los
británicos, no son ecologistas inocentes. No solo desean co-
nocer nuestros recursos, sino también, conociéndolos, regu-
larlos, a partir de las normas autoimpuestas desde la CONVE-
MAR.
Hoy, 1 de febrero de 2019, está saliendo el buque de investi-
gación Victor Angelescu del INIDEP para conocer el stock, la
disponibilidad, migración etc. del Calamar en el Atlántico Sur
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