para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo.
8.2 Definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Para tal efecto, toda política nacional se debe formular conforme al contenido del anexo 1.
8.3 Su diseño y evaluación son de competencia exclusiva de los Ministerios para cada uno del o los sectores a su cargo, pudiendo tener continuidad más allá de un determinado gobierno.
8.4 Los ministerios tienen a cargo la coordinación de sus políticas nacionales, contando con el apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros para la coordinación de su formulación y seguimiento, en lo que resulte pertinente.
8.5 Se enmarcan en las Políticas de Estado, la Política General de Gobierno y los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y pueden ser:
- Políticas nacionales sectoriales, corresponden al subconjunto de políticas nacionales acotadas a una determinada actividad económica y social específica pública o privada, bajo el ámbito de competencia de un Ministerio.
- Las políticas nacionales multisectoriales, corresponden al subconjunto de políticas nacionales que buscan atender un problema o necesidad que requiere para su atención integral la intervención articulada de más de un sector, bajo el ámbito de competencia de dos o más Ministerios.
Artículo 9.- Concordancia de las políticas regionales y locales con las políticas nacionales
Los gobiernos regionales y locales formulan políticas regionales y locales, en sus respectivos ámbitos territoriales, en concordancia con las políticas nacionales conforme a lo dispuesto en sus respectivas Leyes Orgánicas.
Artículo 11.- Vinculación de las políticas nacionales con el SINAPLAN
11.1 Las políticas nacionales desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y responsables en los respectivos planes estratégicos sectoriales multianuales- PESEM, planes estratégicos multisectoriales, planes estratégicos institucionales y planes operativos institucionales de los Ministerios y sus organismos públicos, según corresponda, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico- SINAPLAN.
11.2 Las políticas nacionales no requieren la elaboración de planes de implementación o ejecución distintos a los establecidos en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico- SINAPLAN.
11.3 A nivel territorial, las políticas nacionales se vinculan con los Planes de Desarrollo Concertado y con los planes institucionales( Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional) de los gobiernos regionales y locales, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico- SINAPLAN.
La disminución de las poblaciones de peces se ha acelerado al compás del aumento de las inversiones y del incremento de pescadores artesanales contraviniendo elementales principios de conservación, precaución, uso racional y sostenible del recurso y calidad en el tratamiento del medio ambiente. Tan crítica puede ser la situación que no se dispone de una encuesta actualizada que muestre con precisión la cantidad de pescadores y embarcaciones artesanales existentes para evaluar en su justa dimensión de que tamaño es el esfuerzo pesquero que se viene aplicando sobre el ecosistema marino peruano.
El escenario plantea desafíos en materia de seguridad ambiental y alimentaria, entre otras amenazas posibles. Necesitamos conservar nuestros recursos pesqueros y su productividad para las futuras generaciones.
En este entorno tiene un rol esencial la educación.
Es importante tener en cuenta que el poder político real de todo Estado, es la resultante de la aplicación de políticas de Estado que deben ser ejecutadas por la administración. Las decisiones políticas, en un sistema democrático, se sustentan en el derecho que concede el pueblo con su voto a las autoridades políticas para administrar en beneficio del país.
Para viabilizar esta concepción se necesita fomentar mediante la educación, una auténtica conciencia de cultura pesquera y de sostenibilidad ambiental. Es deber del Estado prestar preferente atención al desarrollo de un modelo educativo que tenga como principal público objetivo no solamente a las comunidades de pescadores, sino a las poblaciones costeras, lacustres y fluviales. Es preciso crear conciencia social sobre el cuidado que debe darse a los recursos ícticos y al ambiente. Este estado de conciencia social es crucial ya que, solo a partir de la existencia de una planificación integrada sobre la base de un diagnóstico realista, se podrá proteger efectivamente el potencial pesquero que posee el país.
Revista Pesca Abril 2018 60