Utilizando como disculpa la presencia de cultivos de hoja de coca en
la región, el estado colombiano lanza una operación criminal contra
los pobladores del territorio, para lo cual utiliza bandas de paramilitares
apoyadas por el ejército estatal, quienes mediante el asesinato,
amenazas y abusos a los pobladores y sus dirigentes, siembran el
terror y desplazan a las comunidades, acabando de esta forma con la
resistencia que ofrecen las comunidades dueñas legítimas del territorio
colectivo, ancestral y de vida, y que se oponen a que el estado y
los intereses del capital mundial los atropelle y les robe sus territorios
y que en ellos asienten sus planes económicos, megaproyectos
e infraestructura como la construcción de la vía Popayán-Guapi, la
represa Arrieros del Micay y la concesión de territorios para la explotación
minera, saqueo de materias primas, destrucción del medio
ambiente y la posterior circulación de mercancías basura que nos
venden los países industrializados y que ellos solo verán pasar.
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DEBATES del CONFLICTO