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GARCÍA AMEZ, J. (2015): “Responsabilidad…” , op.cit., p.p. 253 y 254
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A diferencia de la responsabilidad administrativa, solamente en la responsabilidad por daños
ambientales aplica: la imprescriptibilidad de las acciones por daño ambiental, responsabilidad
objetiva, la inversión de la carga probatoria sobre el daño, garantías financieras para asegurar el
daño, entre otros.
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La Corte Constitucional presenta serias confusiones a este respecto. De un lado, en su sentencia
No.065-15-SEP-CC, caso No. 0796-12-EP, de fecha 11 de marzo de 2015, se puede observar la
mezcolanza conceptual que hace el órgano de justicia sobre la infracción ambiental y el daño
ambiental. En esta sentencia se enreda los conceptos de las dos figuras y se las presenta como una
sola. La corte manifiesta «(..)el artículo 397 inciso primero de la Constitución establece que: (..). En
este contexto, las autoridades estatales a cargo del control, seguimiento y sanción por daños al
ambiente son: el Ministerio del Ambiente, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entre otras
autoridades que gozan de legitimidad para sancionar a los infractores conforme a la Constitución
y la ley. (..) La legislación ambiental del Ecuador establece los mecanismos que deben aplicarse
para el proceso de evaluación de impacto ambiental, los mecanismos de control y las sanciones
para los infractores, mismos que deben ser observados, atendiendo el derecho a la seguridad
jurídica prevista en la Constitución. (..) En tal virtud, el área de terreno que contiene manglares se
encuentra limitada en su dominio; su aprovechamiento requiere de permisos correspondientes de
la entidad antes mencionada.». De otro lado, en la sentencia No. 023-18-SIS-CC, caso No. 0047-09-
IS, de fecha 16 de mayo de 2018, p.p. 18, se determina «(…) ante cualquier evento que genere daño
ambiental, la naturaleza tiene derecho a ser restaurada integralmente, sin perjuicio del derecho
de las personas que se han visto afectadas a que sean indemnizadas.»
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LOZANO CUTANDA nos recuerda que este era el escenario planteado por el régimen penal o
administrativo sancionador para lograr la reparación del daño, «el deber de reposición o/y
resarcimiento se configura, por regla general, como una consecuencia accesoria de la sanción y
son contados los supuestos en que se regula o concede esta potestad con independencia del
ejercicio de la potestad sancionadora.» LOZANO CUTANDA, B. (2008): “Infracciones y sanciones”,
en Lozano Cutanda, B. (Dir.): Comentarios a la Ley de Responsabilidad Medioambiental , Aranzadi,
Navarra, p.p. 397.
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LOZANO CUTANDA nos dice «como ha puesto de relieve la doctrina, “Hoy una acción que