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una interpretación extensiva resultará perjudicial para todos los operadores, si bien la
imprecisión de la carta magna al referirse al daño y no a la presunción causal ni a la
conducta del responsable 66) , no tienen por qué soportarla. También, porque, como hemos
visto, la responsabilidad objetiva aplica para las actividades peligrosas y no puede
dirigirse al azar en contra de cualquier gestor o demandado por el simple hecho de estar
ubicado cerca del origen de los daños o por estar situado en el lugar donde se reproducen
sus estragos.
En cuanto a la ruptura del nexo causal por cuestiones externas a la conducta del operador,
estas hacen que el curso causal se desvíe. Se trata de causas que perturban el enlace entre
la acción del operador y el resultado perjudicial. Dichas causas no se reconocen como
exclusión de responsabilidad sino de afectación del vínculo causal. Sobre este particular
GARCÍA AMEZ nos explica «De ahí que no puedan ser considerados estos casos de ruptura
del nexo de causalidad como una exención de responsabilidad propiamente dichas, puesto
que ésta no existe, y por tanto no es necesario excluir al responsable, cuestión distinta
será el efecto que causa en el presunto responsable, que en ambos casos es el mismo: no
hacer frente a los costes que supone la reparación del daño ambiental.» 67)
El COA reconoce a estas causas, en los artículos 307 y 308, a la fuerza mayor o caso
fortuito, y a la intervención de un tercero o culpa de la víctima. El planteamiento
realizado por la ley presenta algunas imprecisiones especialmente con la responsabilidad
administrativa. Si las causas del daño ambiental fueron la fuerza mayor o caso fortuito, o
la intervención de un tercero o culpa de la víctima (con las condiciones establecidas para
cada una) el efecto excluyente de la reparación deberá operar en la responsabilidad
ambiental independientemente de la infracción a las normas ambientales. Otra cosa es la
obligación que tiene el operador de interponer medidas y acciones para contener y evitar
que el daño ya producido -por causas externas a él- se propague. Si el operador, en este
último caso, no las interpone será responsable de los nuevos daños o daños futuros.
3. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
Acerca de la relación entre la responsabilidad por daños ambientales y la responsabilidad
administrativa ambiental del infractor, la primera se refiere al vínculo jurídico que se
origina o surge, por el daño causado, entre el responsable y el medio ambiente afectado
(para asimilarlo de mejor forma: es una suerte en la que el acreedor está en la capacidad
de exigir al deudor el cumplimiento de una obligación que es restituir el detrimento por él
causado), y la segunda, es la que nace por la trasgresión de las normas ambientales por las
cuales el infractor recibe un escarmiento público. La sanción administrativa, que significa
castigo al infractor, es una medida que representa la intervención del Estado adscrita a la
actividad de policía administrativa. Esta no constituye ni cumple la función de la
reparación del daño causado. Los elementos que componen la responsabilidad ambiental
y sus reglas se distinguen con las de la responsabilidad administrativa 68) . En algún caso,
estas dos figuras podrían relacionarse, pero nunca como una misma figura jurídica. Por
ejemplo: cuando tipificada en la ley, una infracción administrativa, a ésta se la infrinja y
que producto de dicha acción u omisión se haya producido el daño ambiental
debidamente determinado por la norma; en este supuesto se responderá: con las
sanciones administrativas y con la obligación de reparar el daño ambiental. En el mismo
caso, si la infracción no se encuentra tipificada en la ley o no se haya determinado la
responsabilidad del infractor para imponerle una sanción, no existirá responsabilidad
administrativa, por lo que se deberá responder por el daño irrogado. Todo esto está
reconocido por la Constitución en el primer inciso del artículo 72, segundo inciso del
artículo 396 y primer inciso del artículo 397 69) .
Se desprende del artículo 313 del COA que, la responsabilidad ambiental requiere que el