Análisis y perspectivas de la reforma educativa
Ley conceptos como calidad, eficiencia, competencia, mejoramiento constante, evaluación, etcétera, que vienen del mundo corporativo transnacional. Se trata, en los hechos, de una reforma laboral-administrativa contraria al artículo 123 constitucional, que pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente los derechos adquiridos por el gremio magisterial durante décadas, afectado su permanencia en el empleo, sus salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso. Somete a los maestros a un régimen de excepción y busca despedir a miles de maestros, precarizar aún más el trabajo magisterial, romper sus estructuras gremiales, especialmente las democráticas, introducir la competencia entre pares y el darwinismo social, acabar con la ayuda mutua y la solidaridad, incrementar la jerarquización y el manejo discrecional del personal en todos los niveles y estructuras, sin resolver, por otro lado, los problemas del rezago educativo, analfabetismo, falta de equidad, las escuelas multimodales y las graves carencias en la infraestructura escolar. Se rompe también con la gratuidad de la educación con la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y “gestión escolar”, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia. Al mismo tiempo que el Estado se sustrae de sus obligaciones constitucionales, obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos espurios que pudieran tomar el control de las escuelas públicas, y ser administradas, en los hechos, por la iniciativa privada e, incluso, por asociaciones religiosas o de otra naturaleza, como el crimen organizado, todo lo cual pretende acabar con los candados de una educación pública, laica y gratuita. La reforma, por descansar en gran parte en el fetiche de una evaluación permanente, que tiene un carácter punitivo, por la estandarización y aplicación de pruebas como Enlace y Pisa, violenta el carácter plurilingüe, pluricultural y pluriétnico de la nación mexicana, además de hacer caso omiso de las diferencias sociales, económicas y de condiciones de vida y entornos familiares de los educandos y de los propios maestros. En consecuencia, es una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que violenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los artículos 1 y 2 de la Constitución. Todo ello se suma a la discriminación estructural que se impone en los procesos educativos por parte del Estado mexicano y sus agentes —activos y pasivos—, misma que se expresa en múltiples dimensiones de c lase, género e identidad étnico-cultural. Los educandos pertenecientes a los pueblos indígenas, en particular, además de la discriminación y exclusión por sus condiciones socioeconómicas, sufren de las acciones, actitudes, comportamientos y políticas del racismo inherente a la construcción de los estados nacionales capitalistas, fundada en un contradictorio proceso de integración-asimilación/segregación-diferenciación, igualmente disolvente de lenguas, culturas e identidades. En un estado como Puebla, con una presencia notable 183