IX Foro regional
clara idea de que cuando las leyes atentan contra el pueblo, son leyes ilegitimas…exige que nuestras demandas sean atendidas y resueltas de acuerdo a lo que el pueblo está solicitando. Para nada ir a la discusión de lo que podemos hacer. ¡De Chiapas a Sonora con la Coordinadora! Significa que de manera concreta estamos echando abajo la reforma educativa (Michoacán) solo unidos y organizados…con respeto a nuestra forma de pensar y unificando nuestra lucha ante la educación pública…la calidad de la educación es un concepto laboral y nuestros alumnos…si proceden los amparos…que sean absorbidos por la suprema corte de justicia…los amparos son vigentes y llevan su curso legal. Interviene el Dr Gilberto López y Rivas, mencionando que a partir de las relatorías de los foros que han tenido lugar en varios estados de la república, a partir del acuerdo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación, es posible tener ya un diagnóstico cada vez más fundando y consensado de lo que realmente significa la reciente reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política. En primer lugar constamos que es una contrarreforma que violenta el espíritu y la letra del artículo 3° constitucional original, plasmado en la Carta Magna de 1917; un retroceso que rompe con el pacto social y político de la Revolución Mexicana, comparable con la contrarreforma salinista neoliberal al artículo 27 constitucional que puso a la venta las tierras de propiedad ejidal y comunal. Sabemos también que es una más de las acciones autoritarias y restrictivas de un Estado articulado de manera subalterna al modelo neoliberal y con gobiernos oligárquicos que Marx calificaba de “traición nacional”; una vuelta de tuerca que se realiza de espaldas a la sociedad y sin haber sido consensada entre quienes sostienen el sistema educativo nacional: el magisterio y los padres de familia. Tampoco se solicitó la opinión de expertos en universidades y centros de investigación, en instituciones del ramo, como la Universidad Pedagógica Nacional y el sistema de escuela normales. En suma, se quebrantó, nuevamente, el derecho a una consulta previa, libre e informada. Estamos al tanto, asimismo, que esta iniciativa no se origina en los poderes constituidos: no surge del constituyente permanente o Congreso de la Unión, o del Poder Ejecutivo Federal, ahora a cargo de un analfabeta funcional, sino se concibe en poderes facticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza y el control ideológico y político de los educandos y que se encubren en organismos como Mexicanos Primero. Para lograr este propósito, estos poderes facticos emprenden una campaña de satanización y criminalización del magisterio y de sus organizaciones sindicales de carácter democrático, a través de los monopolios de la información y de sus mercenarios en la prensa y los medios masivos de comunicación. Los legisladores del Congreso de la Unión, por su parte, actuaron como empleados de esos poderes fácticos y de una instancia ilegitima y desacreditada, llamada paradójicamente “Pacto por México”, introduciendo en la 182