VII Foro regional
impulsores y defensores de la “Alianza por la Calidad de la Educación” pacto político entre el charrismo sindical y el Estado mexicano, que limitaron y transformaron de facto las relaciones laborales del magisterio y han puesto en peligro la educación pública y su gratuidad. En octubre de 2010, la SEP y la OCDE establecieron un Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. El propósito del acuerdo fue determinar no sólo qué cambios de política deben considerarse en México, sino también cómo diseñar e implantar reformas de política con eficacia, partiendo de las iniciativas en marcha, así como de las condiciones, restricciones y oportunidades locales. Uno de los componentes de este acuerdo es el desarrollo de políticas y prácticas adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para vincular los resultados con los incentivos para lograr procesos de mejora. Estas líneas de trabajo fueron dirigidas por el Consejo Asesor de la OCDE sobre Políticas de Evaluación e Incentivos para Docentes en México, conformado por expertos internacionales. El Estado Mexicano reformó los artículos 3° y 73 constitucionales para legalizar la “Alianza por la Calidad de la Educación” (ACE), avanzar en la privatización de la educación, eliminar los derechos laborales, económicos y profesionales de los trabajadores de la educación y concretar la atomización del SNTE como una organización nacional. Esta mirada neoliberal de la educación se concreta con la imposición del enfoque de la educación con base en competencias, las evaluaciones estandarizadas (examen para ingreso al servicio, la evaluación universal, los exámenes de ENLACE Y PISA), así como con los cambios en carrera magisterial, generando inestabilidad en el empleo y el aumento de personal contratado en situaciones de escasa seguridad laboral y social. La medición estandarizada, mal llamada evaluación, tiene su origen en 1990 y se crea para medir el desempeño de millones de niños y jóvenes. La imposición de los exámenes estandarizados en México ha traído como efecto un cambio radical en la interpretación sobre el alcance del derecho a la educación. Con esta política educativa, la evaluación estandarizada se constituye como en el nuevo marco de medición de desempeño de niños, jóvenes, maestros y escuelas. Los exámenes estandarizados no garantizan una buena educación y han generado otros efectos de corrupción como la venta de exámenes tanto para niños como para maestros. Con la “Reforma educativa” se impone la contratación eventual, la eliminación de la plaza base, la ampliación de jornadas laborales, la fusión de grupos, la desaparición de turnos, el desplazamientos de docentes y la creación de las escuelas de tiempo completo sin los derechos laborales correspondientes por Ley; el Estado mexicano eliminó la plaza por asignación automática y condenó a miles de maestros a buscar una plaza 144