Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Página 319

Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español

¿Cuántas son?
Según datos proporcionados por el gobierno español en respuesta parlamentaria por escrito al grupo parlamentario Amaiur, en 2013 la policía ejecutó 4.726
expulsiones desde los CIE y 6.462 desde dependencias policiales. Aún así, es
prácticamente imposible cuantificarlas de forma certera por varios motivos. En
el proyecto de investigación «IUSFUNDIE: Derechos fundamentales y formas actuales de detención, internamiento y expulsión de personas extranjeras en situación administrativa irregular: análisis crítico-práctico y alternativas» (UPV-EHU) lo hemos intentado por varios medios sin un resultado plenamente satisfactorio. En primer lugar, porque la propia administración
(sea Policía Nacional sea Ministerio de Interior) no da los datos, bien porque no
quiere o porque tampoco los cuantifica de forma sistematizada. En segundo
lugar, tampoco hay una estadística lo suficientemente rigurosa en la administración de la propia Administración de Justicia sobre solicitudes de internamiento,
por lo que no se pueden hacer cruces matemáticos a partir de datos que pueda
dar Interior, Justicia o Fiscalía sobre solicitudes (concesiones y denegaciones)
de internamiento y expulsiones. En tercer lugar, en muchas ocasiones, las expulsiones meramente administrativas se entremezclan o confunden con lo que
Interior denomina «cualificadas» a expulsiones penales o con la expulsión de
personas que han cumplido condena. Y en cuarto lugar, porque en muchas ocasiones no se consideran detenciones sino meras diligencias policiales o ejecuciones de órdenes de expulsión y por lo tanto no queda constancia de ellas en los
Juzgados de Guardia ni en los Turnos de Extranjería que deberían poder adjudicar un/a abogado/a.
Una forma de comprender estos procedimientos policiales es, por tanto, a
partir de la casuística concreta. La organización Pueblos Unidos, en sus informes Atrapado tras las rejas de 2012 y, en especial en el informe CIE y expulsiones exprés de 20142 daban cuenta de las detenciones de Raúl, el estudiante hondureño; o Said, que estuvo desaparecido durante 64 horas; o Elena, cuyo permiso de residencia como familiar de comunitario le llegó el mismo día que la iban
a expulsar. Y es que este tipo de detenciones y expulsiones no se producen de
forma aislada en ciudades como Madrid o Barcelona, sino que el patrón se reproduce en todo el Estado. Abdul, un ciudadano de origen marroquí
residentemente en Zaragoza fue expulsado por tener antecedentes penales a pesar
de que tenía permiso de residencia en vigor hasta 2019, un trabajo y alegar un
fuerte arraigo, pues vivía junto con su mujer e hija. Llevaba luchando contra la
expulsión desde 2014, tras ser identificado cuando iba por la calle. Su caso ha
llegado hasta el TSJ de Aragón donde se estudia su recurso de apelación. Un
día, sin previo aviso, la policía se presentó en su lugar de trabajo para «pedirle
que les acompañe a comisaría», en 48 horas había sido expulsado. O el caso de
Elhadji, un senegalés de 31 años con novia española, una oferta de contrato
318