Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español
En 1748 se niega el asilo religioso de los gitanos en las ermitas de provincia y se termina con la pena de galeras dejando vía libre a la consecución de la Gran Redada de los Gitanos. El 30 de julio de 1749, bajo los auspicios de un importante ilustrado y Secretario de Hacienda, Marina e Indias « el Marqués de la Ensenada » y el gobernador del Consejo de Castilla – el obispo Vázquez de Tablada », los poderes públicos del reinado de Fernando VI pusieron en marcha la operación. El estado español había llegado a la conclusión de que la mejor forma de llevar a cabo la dificultosa reducción social definitiva del pueblo gitano era privar de libertad en un solo día a todos los gitanos y gitanas del reino. La intención era reducir de por vida a toda la comunidad para « eliminarlos ».
Aproximadamente 12.000 personas fueron capturadas y recluidas con cadenas y grilletes. Los hombres, a partir de 15 años serían destinados a los arsenales para trabajar forzosamente en la construcción de navíos. Mientras, las mujeres, junto a los menores de 12 años, serían utilizadas en fábricas » prisión donde, a través de su trabajo, sufragarían su propio mantenimiento y el de sus descendientes hasta la muerte. La pena por intentar escapar era contundente: « al que huyere, sin más justificación, se le ahorque irremisiblemente ». El secretismo con el que se llevó a cabo la operación, las dificultades económicas a las que se tuvieron que enfrentar las desconcertadas administraciones del momento, los lazos de solidaridad y los mecanismos de resistencia, especialmente los puestos en marcha por las mujeres gitanas, impidieron que el genocidio se llevara a cabo con éxito. Gracias al trabajo de Manuel Martínez Martínez en su libro « Nunca más. Homenaje a las víctimas del proyecto de‘ Exterminio’ de la minoría gitana iniciado con la redada de 1749 " hoy podemos conocer los nombres y apellidos de miles de las víctimas concretas.
Tras años de conflictos, liberaciones, nuevos encarcelamientos, fugas y problemas económicos, el 6 de junio de 1763, Carlos III dio la orden de liberar a todos los gitanos y gitanas presos de la Gran Redada. Los efectos insospechados que la Gran Redada tuvo y sigue teniendo en la vida cotidiana y política del pueblo gitano del estado español no han sido analizados de forma crítica, por el momento. Es una de tantas cuestiones pendientes de abordar desde una perspectiva psico-social por la emergente teoría crítica romaní.
A partir de 1783 la legislación se articulará de forma especial en torno a la voluntad de hacer desaparecer la diferencia gitana en la dimensión simbólica:
Dicen de la ley de 19 de septiembre de 1783 los magistrados de Oviedo en informe evacuado ese mismo año, « descubre en su fondo que su Majestad no quiere exterminar o aniquilar a los llamados gitanos, sino suprimir su nombre y rectificar sus costumbres( Gómez Alfaro: 2014: 25).
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Es el momento de intensificación del epistemicidio caló. La dimensión epistemológica de la legislación antigitana tiene como objetivo esencial acabar con una forma de estar en el mundo. Eso no significa que la voluntad de