Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Page 224

LA DOBLE DISCRIMINACIÓN

engañado, no la habían empadronado como le dijeron. De nada le valía los cuatro años en España sin el padrón, tenía que empezar de cero otra vez. Pero eso
no es todo, las personas con las que vivía se aprovechaban de ella y la degradaron durante años. «Una vez estuve muy enferma y tuve que ir al médico. Cuando me atendieron, los jefes le pidieron a una amiga que había venido a visitarme
que ni se me ocurriera mencionarles para que no me relacionaran con ellos. No
me habían hecho el contrato y tenían miedo de que hubiera una represalia contra
ellos. Lo que más me dolió es que ni siquiera preguntaron cómo estaba», lamentó. La normativa vigente dicta que el empleador se expone a una multa de entre
626 y 6.250 euros si no formaliza el contrato a su trabajadora.
Por si fuera poco, lo padecido por Alma, sus empleadores, los mismos que le
engañaron con el empadronamiento y le dieron la espalda en el hospital, le estafaron con su salario. A pesar de trabar día y noche y ganar un salario de apenas
700 euros al mes, le exigían que pagara ella misma la Seguridad Social.
Cuando explicó a sus jefes que debían contribuir cargaron contra ella: «Me
espetaron que si de verdad creía que iba a encontrar trabajo. Que me volviera a
mi país donde la gente se estaba muriendo de hambre», recordó Alma. «Tenían
un hijo al que cuando le decía que recogiera sus juguetes me contestaba que
para eso estaba yo. Sus padres se reían cuando escuchaban estas cosas», prosiguió.
Alma se encontraba de pies y manos atadas, no podía quejarse. Hacer una
denuncia a Inspección de Trabajo tampoco le pareció solución porque las trabajadoras del hogar son empleadas en un espacio privado, por lo que los inspectores avisan antes de acudir al domicilio. La denuncia se hubiera convertido en
una excusa para despedirle y Alma, como otras miles de mujeres inmigrantes,
no se podía permitir ese riesgo.
Al hilo de los abusos sufridos por las empleadas doméstica, en julio de 2015,
un informe, titulado «Fronteras difusas, víctimas invisibles. El tráfico de
personas para la explotación laboral en el sector doméstico en España»,
aborda el tráfico de personas que son explotadas en el servicio doméstico en
España.
Para las autoras del informe, Laura Sales y Amanda Alexanian, en materia
legislativa se ha avanzado en lo que respecta al control y penalización del tráfico de personas con voluntad de explotación sexual pero no se ha avanzado de
igual manera en lo referente al combate contra el tráfico con fines de explotación del servicio doméstico.
Según la Memoria de la Fiscal General del Estado, en el año 2013, solo se
abrieron tres diligencias contra las redes que trafican con personas con fines de
explotación laboral, mientras que en el mismo año se abrieron 129 por el delito
de explotación sexual.
En las únicas tres denuncias contabilizadas, las víctimas eran filipinas y
paraguayas y los traficantes eran de la misma nacionalidad. Las tres se abrieron
por denuncias de las víctimas. De acuerdo con las estadísticas de la Fundación

223