LA DOBLE DISCRIMINACIÓN
Las mujeres beneficiarias de una orden de protección pueden solicitar un permiso temporal de residencia y trabajo para regularizar su situación. Esta autorización se concede provisionalmente hasta la fecha del juicio, un proceso que puede alargarse años. Si la sentencia es condenatoria, el permiso se prolonga durante cinco años sin necesidad de renovación y, tras ese periodo, se concede el definitivo, de larga duración. « Este tipo de residencia tiene unas condiciones especiales para facilitar la integración de las víctimas de violencia de género, y eso es un avance importante », resume Álvarez.
Hasta noviembre de 2015, se habían concedido 1.307 permisos temporales a mujeres víctimas de violencia de género, según datos del Ministerio de Hacienda. En el año 2012 se asignaron 1.874 permisos. En 2013 la cifra descendió a 1.418 y en 2014 el número de permisos concedidos fueron de 1.328. Se percibe claramente una línea descendente de las concesiones de permiso de residencia a mujeres víctimas de violencia de género.
Pese a que exista la posibilidad de que las mujeres inmigrantes que se encuentran de forma irregular en España víctimas de violencia de género regularicen su situación administrativa por medio de un permiso temporal, una vez hecha la denuncia y obtenida la orden de protección, al parecer este « beneficio » no es suficientemente « atractivo » para que estas mujeres sigan adelante con la denuncia. Según datos del informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial( CGPJ), anteriormente mencionado, la renuncia a continuar con el proceso judicial es cinco veces más frecuente en mujeres que no son nacionales. Esto se debe a que « muchas de ellas, especialmente las que no tienen residencia legal, sufren una situación de aislamiento, una sensación de que están solas frente a todo », explica la psicóloga Lorein Aragón.( El Diario, noviembre 2015).
De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la violencia de género también puede ser concebida como un factor de doble discriminación, si le sumamos el elemento migratorio.
Se ha podido observar, además, que las víctimas de violencia de género se enfrentan habitualmente a prejuicios, sobre todo si son inmigrantes, que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato. Por último, en cuanto al acceso y la protección jurisdiccional, a pesar de existir Juzgados especializados, es necesario que se garantice una especialización real; que se asegure intérpretes de calidad, tanto en las comisarías como en los juzgados; que se garantice a todas las mujeres información sobre sus derechos; y asistencia letrada especializada y de calidad.
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