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Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español
Al hilo de lo anterior, las mujeres extranjeras sin residencia legal enfrentan dificultades añadidas para demostrar su condición de víctimas: el estereotipo más extendido es que utilizan su situación para conseguir los «papeles».
Caren (nombre ficticio) una mujer ecuatoriana que residía de forma irregular
en España, denunció la violencia que ejercía sobre ella su compañero íntimo y
obtuvo una orden de protección judicial. Era el año 2012 y ella tenía 28 años.
Con la orden de protección acudió a una comisaría para informarse de las medidas que contemplaba ese plan de seguridad. La policía, contraviniendo la Ley
de Extranjería, la detuvo por estar en situación irregular en España. Se le abrió
un procedimiento de expulsión y, a los tres días y sin permitirle contactar con su
familia, fue obligada a tomar un avión con destino a Ecuador, su país natal. La
abogada que asistió a Caren en el procedimiento de expulsión conocía la existencia de una orden de protección derivada de su condición de víctima de violencia, pero no lo hizo constar a pesar de que este dato hubiera podido paralizar
la orden. En ningún momento existió contacto entre las dos abogadas de oficio
asignadas, la de violencia de género y la de extranjería. (Amnistía Internacional, «¿Qué justicia especializada?», 2012).
Desde 2011, con la reforma del art. 31 bis de la Ley de Extranjería, ya no se
puede abrir un expediente de expulsión si la víctima está en situación irregular,
y si el expediente ya está en curso, debe ser suspendido.
Claudia Martínez, abogada del servicio de sensibilización y acompañamiento
de la asociación Rumiñahui, comentó que las mujeres sin residencia legal están salpicadas por muchos estereotipos que ciernen sobre ellas la sospecha. «Los
jueces y los fiscales se olvidan de que una víctima extranjera carga con una
doble discriminación. Rara vez valoran su historia vital, la mochila que cargan
desde su país de origen. Todo el proceso penal es muy penoso y pocas llegan
hasta el final».
La irregularidad observada en el caso de Caren, denunciado por AI, introducen ruido y confusión sobre los derechos de las mujeres migrantes sin residencia legal que son víctimas de violencia machista. «El miedo planea por encima
de todo. A los temores que enfrentan las mujeres a la hora de romper con la
violencia se suma el miedo al ‘qué me va a pasar’, a ser expulsadas».
Amnistía Internacional ha documentado las experiencias de mujeres que
han sido acusadas de instrumentalizar su condición de víctima para obtener la
autorización de residencia. Le pasó a Raquel (nombre ficticio), una mujer dominicana a la que solo diez minutos antes de entrar al juicio su abogada le dijo:
«Tú no tienes cara de maltratada, ¿qué quieres? ¿los papeles?». «Estos episodios suceden, sobre todo, cuando no hay una violencia física evidente. Y son
simplemente prejuicios, prejuicios que hacen mucho daño y que impiden la
igualdad en el acceso a los sistemas de protección a las mujeres en situación
irregular», denunció Virginia Álvarez, responsable de investigación y política
interior de Amnistía Internacional.
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