LA DOBLE DISCRIMINACIÓN
está primero, la libertad de religión o de seguridad? ¿ Hay una jerarquía entre ambos derechos? ¿ Dónde ponemos la línea roja entre el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la seguridad? Con la excusa de proteger o de dar cumplimiento al derecho a la seguridad ¿ se puede infringir el derecho a la libertad religiosa? ¿ Dónde queda la libertad individual? ¿ Qué tipo de indefensión genera para la ciudadanía la no normativización del uso del burka y atavíos similares? De momento, solo preguntas …
MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Con respecto a la temática aquí abordada, y en defensa de los derechos de las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género, el proyecto europeo SOS-VICS cofinanciado por el Programa Justicia Penal y en el que han participado nueve universidades españolas, recalcó, en la presentación de los resultados del proyecto celebrado en mayo de 2015 en la Universidad de La Laguna, que es necesario garantizar por ley que las víctimas de violencia de género extranjeras cuenten con intérpretes profesionales en todas las fases del proceso de asistencia.
Este equipo reclamó la profesionalización y especialización de los intérpretes que intervienen en procesos judiciales, así como en todo el procedimiento asistencial de atención a víctimas. Los investigadores demandaron, asimismo, la aplicación en España de la directiva europea que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos y de la relativa al derecho a traducción e interpretación en los procesos penales.
La violencia contra las mujeres, en sus diferentes formas e intensidades, existe, persiste y aún genera cifras alarmantes de víctimas.
En los diez años que lleva vigente la Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra las Mujeres, los juzgados de violencia contra la mujer han concedido un total de 246.542 órdenes de protección, casi un 68 % de las solicitadas, y una de cada tres mujeres que ha pedido esta medida es extranjera. Esta es una de las principales conclusiones del informe del Consejo General del Poder Judicial( CGPJ) dado a conocer en noviembre 2015. Desde 2007 los juzgados han recibido más de 1,1 millones de denuncias por maltrato.
El informe puso de manifiesto que un 2,3 % de las víctimas de violencia machista que solicitaron órdenes de protección eran menores de edad, y que el porcentaje de españoles y extranjeros entre los hombres denunciados fue similar al de las mujeres que solicitaron la protección: un 67,3 % fueron españoles y un 32,7 % extranjeros.
Las CCAA donde se han concedido, porcentualmente, más órdenes de protección en esta última década fueron La Rioja y Murcia, con un 86 % sobre el total de solicitadas. En cambio, Cataluña, Asturias y Madrid han sido las de menor ratio de órdenes concedidas sobre solicitadas, con 52,6 % la primera y 57 % las dos últimas.
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