RACISMO SOCIAL
universal, por lo que no admite excepciones, discriminaciones o ambigüedades en los compromisos adquiridos, así, el consejero ha exigido la retirada del Real Decreto Ley de 2012, que « excluye explícitamente a estas personas ».
En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la Comunidad. Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Con este documento se hace posible la identificación de inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud. « La exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro », ha asegurado la Consejería, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es « baja ».
De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. La frecuencia de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6 por ciento de las consultas totales, el 2,3 por ciento de la asistencia a urgencias y el siete por ciento de los partos atendidos. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 16 / 2012 Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 inmigrantes que « se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal ». En este sentido, actualmente, son 27.000 el número de inmigrantes que tienen documento sanitario temporal. Para la Administración andaluza, la defensa de la universalidad es « una decisión solidaria y de salud pública que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos ».
En la misma línea se ha pronunciado el Gobierno canario, rechazando también el proyecto del Ministerio de Sanidad de crear un registro de inmigrantes en situación irregular para reintegrarles en el sistema de salud pública, recalcaron que esta medida « va por detrás de la realidad » y « criminalizaría a un colectivo ya de por sí vulnerable ». Además, esta medida contribuiría a aumentar las condiciones de desigualdad entre personas usuarias del sistema. Según el representante de la Consejería de Sanidad, « Es mucho más sencillo, barato y eficiente normalizar la atención sanitaria que se presta a las personas inmigrantes que crear un sistema alternativo y destinado, además, solo a un grupo relativamente pequeño de la población ». Se sumaron al rechazo de la creación de un registro de inmigrantes irregulares propuesto por el Gobierno Central, la Coalición por el Derecho a la Sanidad de Canarias, integrada por CEAR, Amnistía Internacional y Cáritas, entre otros.
En atención a la problemática, la Red Española de Inmigración que agrupa a juristas y expertos en materia de inmigración, consideró que la creación de un registro para personas en situación irregular es « un claro intento de estigmatizar a las personas inmigrantes creando una sanidad paralela ». Asimismo, ello provocará « un efecto llamada a posturas radicales, xenófobas y
185