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Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español

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contrarias a los mandatos de integración». Otro aspecto a tener en cuenta es que
la medida propuesta conlleva un mayor gasto administrativo al tiempo que una
grave inseguridad para con el colectivo de personas migrantes en situación administrativa irregular. La Coalición considera que «la única solución lógica es
volver a hacer que la sanidad pública sea universal derogando ese decreto».
La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria
(REDER), integrada por 300 organizaciones, en su informe publicado en septiembre de 2015, documentó más de 1.500 casos que son solo la punta del
iceberg de la exclusión, por lo que «seguramente son muchas más» las personas afectadas por la reforma sanitaria de 2012 y también clamó por su derogación. Dicha organización dio a conocer 109 casos de aplicación incorrecta del
RD 16/2012, donde se prohibió a menores de edad atención sanitaria,
vulnerándose así las excepciones de la supresión sanitaria a «sin papeles». Y no
solo a menores. En 232 casos no se ofreció asistencia en urgencias (o se les
cobró el servicio) y a 78 mujeres embarazadas se les vulneró su derecho a ser
asistidas. En total, se incumplieron los mínimos del Real Decreto en 419 casos.
Según los datos del informe, casi un 50% de las vulneraciones registradas
están relacionadas con una información deficiente. En el 22% de los casos registrados, las personas afectadas no tramitaron su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho, mientras que a un 12% se les denegó la tarjeta
sanitaria en su centro de salud porque la información que manejaba el personal
administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea. Otro problema de la
reforma sanitaria que denunciaron desde la entidad es la existencia de inmigrantes
atrapados en un laberinto jurídico y legal del que no pueden salir porque la
Administración no los reconoce como «titulares» o «beneficiarias» del Sistema
Nacional de Salud (SNS).
Al problema del laberinto jurídico habría que añadir la asimetría en su implantación en las Comunidades Autónomas, que crea una descoordinación entre
niveles asistenciales, unido a una ruptura en el seguimiento de enfermedades
crónicas. Además de la pérdida del acceso a mujeres a servicios de contracepción y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en caso de necesitarlo.
Otro de los efectos «dramáticos» que la reforma ha causado ha sido en los
familiares ascendentes que llegan a España acogiéndose a la medida de reagrupación familiar, normalmente personas mayores que llegan con más necesidades de atención sanitaria y que se ven inmersas en un «auténtico galimatías»
legal y jurídico. Hasta 25 casos se han documentado por REDER. Por todo ello,
se reclama la derogación del Real Decreto y la restitución del acceso universal a
la salud.
En septiembre de 2015, cinco ONG, integradas en la Rede Galega en Defensa da Saúde, han denunciado ante el defensor del pueblo 100 casos de
inmigrantes en situación irregular que no han sido atendidos por la sanidad pública gallega desde 2014 pese a tener derecho a ello. La organización
aseguró que el programa creado por la Xunta para paliar solo en parte la restric-