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Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español

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El informe aludió también a la propuesta anunciada por el ministro de Sanidad, Antonio Alonso, de devolver la atención primaria a inmigrantes, pendiente
aún de detallar. Las entidades integradas en esta plataforma critican su «escasa
definición» y el carácter «aún más restrictivo» que el programa valenciano puesto
en marcha en 2013 y que abría las puertas al sistema a las personas inmigrantes
afectadas que llevaran más de un año empadronadas o afectadas por graves
enfermedades, por ejemplo, infecciosas, y que para el Observatorio, se ha mostrado tan poco eficaz, puesto que de las 78.000 personas potencialmente beneficiarias de esta medida, apenas un 6% participan de ella, lo que supone un claro
fracaso.
Como se viene diciendo, miles de personas extranjeras en situación irregular
se enfrentan a diario a barreras administrativas y económicas para ir al médico,
pero estas dificultades van más allá del territorio español. Se dan también en
otros territorios de la Unión Europea. Las normativas de varios países de la UE,
así como la complejidad administrativa, frenan el acceso de inmigrantes sin
papeles a la sanidad. En Portugal o Francia, por ejemplo, necesitan demostrar
tres meses de estancia en el país para recibir asistencia; en España, los personas
indocumentadas –excepto menores– solo tienen acceso gratuito a las urgencias
y a la atención del parto y postparto; una situación similar se produce en Alemania, donde para ello deben acudir a los servicios sociales.
El informe de Médicos del Mundo presentado en Londres en mayo de 2015,
analizó la situación de Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Holanda,
Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. El informe mostró los problemas existentes en la atención a embarazadas y a la vacunación de menores. También
informó de problemas en la atención pediátrica. El informe se elaboró a través
de más de 23.000 entrevistas a personas usuarias de sus centros en diez países.
Según algunos datos, el 81% de las mujeres encinta carecía de cobertura sanitaria normalizada. Más de la mitad de ellas (54,2%) no había tenido acceso a
cuidados prenatales. El 65,5% de los menores no estaban vacunados contra el
sarampión, las paperas y rubeola; el 57,5% no se había inmunizado del tétano.
Además, el 38,8% de los padres aseguraron que no sabían dónde acudir para
vacunar a sus hijos. El 27,9% de las personas entrevistadas afirmaron que no
tenían medios económicos para afrontar el coste de la atención médica.
Volviendo a España, la Junta de Andalucía en fecha de 26 de agosto de 2015
rechazó la implantación de un registro específico para la atención sanitaria
a inmigrantes que no tienen regularizada su residencia en la Comunidad y que
carecen de recursos económicos y aseguramiento por considerarlo «discriminatorio y disuasorio».
En un comunicado, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha expresado su
disconformidad con esta medida, al considerar que este colectivo no debe estar
sometido a más «discriminaciones o segregaciones». Ha explicado que la información clínica de inmigrantes debe ser tratada «de igual forma a la del resto de
la población española». Añadió que «sólo hay una sanidad pública posible, la