RACISMO SOCIAL
Además, censuró la falta de evaluación del impacto de esta decisión sobre los colectivos afectados. Otro inconveniente destacado por la entidad es la heterogeneidad en la aplicación del decreto. La organización internacional al analizar la Comunidad de Castilla-La Mancha, que junto a la Comunidad Valenciana son las comunidades que han aplicado la exclusión sanitaria con más dureza, recuerda que aquella, además de no haber establecido ningún programa para extender la atención sanitaria más allá de lo previsto en el decreto, los centros de salud y hospitales de la región no siguieron un procedimiento único a la hora de atender inmigrantes, « lo cual puede tener un efecto negativo en su disfrute del derecho a la salud ».
En cuanto a la exclusión sanitaria y la aplicación del decreto de 2012, denunció que, en la región, las personas inmigrantes excluidas por la norma « no pueden solicitar una cita para hacer seguimiento de la patología identificada en urgencias », lo que impide « la debida continuidad asistencial en la atención sanitaria ». Aunque la atención de urgencias debería estar garantizada en todos los casos, algunos hospitales « han enviado facturas o avisos de su envío próximo a personas migrantes que han sido atendidas en urgencias », algo que vulnera « claramente » la normativa estatal. En ocasiones, se ha emitido cartas de compromiso de pago en el mismo momento de la atención de urgencia. La emisión de esos compromisos de pago y facturas constituyen también « un claro incumplimiento » del decreto, convirtiéndose « en barreras adicionales » al acceso a la asistencia sanitaria.
Por otra parte, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud( Odusalud) en su décimo informe publicado en abril de 2015, denunció que la desatención a los inmigrantes irregulares va a más. Desde el inicio de la actividad del Observatorio, en noviembre de 2012, hasta marzo de 2015, recibió 1.252 quejas, pasando de una media de 43 quejas mensuales en el año 2014 a 62 en el primer trimestre de 2015, lo que representa un aumento del 44 %. Las incidencias registradas están relacionadas tanto con problemas en el acceso a prestaciones sanitarias por parte de inmigrantes sin papeles, como la imposibilidad de acceder a fármacos; hasta incumplimientos del propio real decreto en el que se fijaron las condiciones de la exclusión y que limitó la atención a las urgencias, las mujeres embarazadas y a la atención al parto.
El 18 % de las quejas contabilizadas tenían que ver con la exigencia de un compromiso de pago, el paso previo a la facturación por la asistencia. Este comportamiento, que en ocasiones se ha practicado en prestaciones teóricamente garantizadas y gratuitas, como son las urgencias, actúa como elemento disuasorio, como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, y su consecuencia es la autoexclusión de pacientes incluso afectados por problemas graves. Dentro del conjunto de quejas, el 11 % hace referencia a casos de menores desatendidos en centros sanitarios públicos, lo que resulta especialmente grave ya que la norma que expulsó a inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria ordinaria mantiene el derecho de los menores.
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