Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español
182 haber llegado a nuestro país, pudo traerlo con ella gracias a un proceso de reagrupación familiar, pero se encontró con que, en función del famoso Real Decreto, los reagrupados ascendentes no tienen derecho a Seguridad Social. De esta forma, su padre, un hombre de 80 años que padece una enfermedad pulmonar crónica, no podía tratarse por la vía pública. « En la línea de atención al paciente de la Comunidad de Madrid me dijeron que mejor que no me lo trajera, o que acudiera a algún centro privado a tratarlo », contaba Ani. Esta mujer pedía un cambio en la legislación: « Esta norma tiene que acabar, está atropellando seres humanos », declaraba.
Otro informe dado a conocer en febrero de 2015, fue el del Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes de la Comunitat( Ceimigra). Según este Centro, más de 100.000 personas extranjeras « se habrían quedado fuera de la cobertura sanitaria como consecuencia del nuevo reglamento sobre acceso a la asistencia sanitaria ». El estudio alerta de que el Real Decreto-ley de 2012 no sólo excluye a extranjeros en situación irregular, sino también a ciudadanos comunitarios y españoles « sin recursos suficientes para costearse ciertos tratamientos ». Del millar de problemas registrados relativos al acceso al sistema sanitario, el 55 % se refieren a mujeres y por nacionalidades, América Latina es la más numerosa( 34 %), seguida de la Unión Europea( 26 %), de África Subsahariana( 15 %) y del Magreb( 10 %). Más de la mitad( el 56 %) del total de las incidencias se refieren a la imposibilidad de acceso a la atención médica y dos de cada diez están relacionadas con la facturación recibida. Además, constataron un aumento en el número de menores( 94 casos) y embarazadas afectadas por la desatención sanitaria.
La problemática causada por el Real Decreto-ley 16 / 2012 es a nivel estatal y la vemos reflejada también en la Comunidad Autónoma de Canarias. Allí, la asociación Entre Mares denunció, en abril de 2015, que en los centros de salud de la isla se exige a los « sin papeles » firmar un compromiso de pago en Urgencias a pesar de que el servicio es « gratuito por ley ». La Asociación estima que tan solo en la isla majorera 4.000 personas se han visto afectadas por la retirada de la tarjeta sanitaria en 2012.
La denuncia es consecuencia de la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de un anuncio de la Consejería de Sanidad en el que se reclamaba a unas 130 personas( 50 nacionales y 80 extranjeros) facturas del Hospital de Fuerteventura. En total, según el anuncio oficial, hay 169 facturas pendientes de cobro, de modo que a algunos de los 130 afectados se les exige el abono de más de una.
La decisión de retirar la atención sanitaria normalizada a inmigrantes sin papeles se ha traducido en una vulneración del derecho a la salud de 748.835 personas, según datos del informe « Sin tarjeta, no hay derechos », publicado por Amnistía Internacional el 20 de abril. La organización humanitaria destaca que sólo 730 personas se han acogido a la alternativa que dio el Gobierno – una póliza( de entre 67 y 157 euros mensuales) para cubrir la asistencia retirada.