Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Page 182

RACISMO SOCIAL

Al hilo de la problemática causada por el Real Decreto-ley 16/2012, la ONG
Médicos del Mundo denunció la exclusión sanitaria en Madrid. La ONG en
su balance particular, dado a conocer en febrero de 2015, habló de los efectos
que esta ley ha tenido en la Comunidad de Madrid, y afirmó que casi 40.000
inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a cobertura no urgente.
Según Sol Martínez, coordinadora de la ONG en la capital «El Real Decreto ha
supuesto un cambio de modelo: la asistencia sanitaria ha pasado de ser un derecho universal a ser un derecho exclusivo de algunas personas». En el documento, se recogen los datos de más de 400 personas que, en función de la nueva
legislación, quedaron fuera de la atención sanitaria no urgente. La ONG pretendía con el informe demostrar a través de datos que el Real Decreto es injusto e
ineficaz. Según opinan desde la organización, con esta ley no sólo se ha acabado con la universalidad de la Sanidad pública española, sino que tampoco se ha
conseguido garantizar la sostenibilidad del sistema Nacional de Salud. Añadieron, «el Real Decreto entró en vigor en un contexto de pobreza y exclusión
social»: en aquel período de abril de 2012, según datos de Médicos del Mundo,
el 17% de la población madrileña vivía con menos de 484 euros mensuales, lo
que quiere decir que sufrían pobreza severa.
De los datos aportados en el informe se destaca que a fecha de junio de 2013
en la Comunidad de Madrid había 39.099 personas sin derechos a recibir atención sanitaria. Ante esta situación, el presidente de la ONG a nivel autonómico
Manuel Espinel, ha pedido a los profesionales sanitarios que ejerzan su derecho
a la objeción de conciencia para no acatar esta ley «injusta». Médicos del Mundo ha registrado numerosos casos de pacientes y profesionales sanitarios que no
terminaban de entender las novedades que aportaba la nueva ley, por lo que no
sabían cómo actuar en determinadas situaciones. El desconocimiento de la ley
por parte del personal sanitario crea situaciones de confusión e incluso de incumplimiento de la ley, como en el caso de una mujer marroquí de 39 años a la
que facturaron 5.2945 euros en el Servicio de Urgencias del Hospital de La
Princesa por un diagnóstico de cáncer pulmonar, cuando, en teoría, tenía derecho a asistencia gratuita en urgencias.
La ONG relata que han atendido, solo en Madrid, a 682 personas que no
tenían tarjeta sanitaria. En la mayoría de los casos, trataban de mediar con la
Administración para encontrar soluciones que les permitieran ser atendidos más
allá de las urgencias. Una de esas personas es Zulmira, de 41 años, que nació en
Cabo Verde y llegó a España hace 10 años. Esta mujer, madre de tres hijos,
cuenta que antes de abril de 2012, podía acudir periódicamente a su centro de
salud para ser tratada de la epilepsia que padece desde los dos años. Ahora se ha
quedado sin atención sanitaria.
Otro caso es el de Ani, colombiana, quien, al igual que Zulmira, fue tocando
varias puertas en busca de ayuda, hasta dar con la de Médicos del Mundo. «Llegué aquí con un contrato en 2008, tengo papeles, pago mis impuestos», explicaba. En este caso, la perjudicada no es ella, sino su padre. Cinco años después de

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