Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español
muchas comunidades – Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco – expresaron su intención de seguir el tratamiento de quienes ya lo estaban recibiendo, y esta postura « parece haberse seguido en la mayoría » de las CCAA.
Esta situación, sin embargo, ha creado una desigualdad entre comunidades, y, en algunos casos, ha supuesto barreras extra, como la de la burocracia para mantener la asistencia, como la necesidad de aportar documentos de su país de origen.
El informe también destacó que sólo el 26 % de los médicos manifestaron que, en sus hospitales, se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a este colectivo, como la autorización directa por la dirección médica del centro, trámites específicos a partir del servicio de atención al paciente, de trabajadores sociales o servicios sociales de las CCAA, acuerdos entre médicos y otros trabajadores sanitarios para seguir prestando asistencia médica, o la atención por reingreso o urgencias. Los médicos también recordaron el riesgo que esta política supone para la salud pública. Aunque la mayoría de las comunidades – y el Ministerio de Sanidad – establecen que debe atenderse a personas con enfermedades transmisibles( tuberculosis, meningitis) que puedan contagiarse al resto de la población y ponerla en peligro, Gesida expuso que, para tratarles, antes hay que diagnosticarles, y que ello es muy difícil si no tienen acceso a la atención primaria.
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OID NAVARRA. Febrero. Desatención asistencia sanitaria. El hijo de la denunciante( mayor de edad) que dispone de tarjeta sanitaria, acude a su centro de salud tras sufrir una caída para solicitar una cita con su médica habitual. El personal administrativo le comunica que no figura en el sistema y que tiene que acudir al INSS a regularizar su situación. El afectado no comprende y pregunta de nuevo si le van a atender, le responden que si se encuentra mal tendrá que ir al servicio de urgencias, pero que allí le cobrarán( sin especificarle que al no estar en el sistema, emitirán una prefactura que luego podría anular en el propio centro de salud). Ante la imposibilidad de ver a su médica, se dirige a Urgencias, le atienden pero emiten una prefactura a su nombre, aquí tampoco le comentan cómo puede proceder para anular esta prefactura.
Tras ponerse en contacto con SOS Racismo, se solicita de nuevo cita con la trabajadora social del centro de salud para que solicite la anulación de la factura y que pueda tramitar una nueva tarjeta. La trabajadora social se muestra sorprendida, y tras hacer una llamada al INSS, averiguan que al encontrarse « dentro » de la tarjeta sanitaria del padre y quedar éste en desempleo, se ha producido un cambio de estado pero en ningún caso se queda sin cobertura. La denunciante, se ha sentido desinformada por la Administración que más allá de negarle en primer lugar la asistencia, no han explicado las posibles soluciones. Desde SOS Racismo se ha llamado a la trabajadora social y al INSS, para aclarar la situación.