Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Página 180

RACISMO SOCIAL

pide que la factura irregular quede anulada y que se puedan emprender las medidas oportunas para depurar las responsabilidades pertinentes respecto al trato
xenófobo dispensado por parte del personal del centro.
A raíz de estos hechos, Èlia está en contacto con la agrupación JosíSanitat,
vinculada a PASUCAT, quien organiza grupos de acompañamiento para personas usuarias de los servicios sanitarios y realizan reuniones con centros de salud
para velar de primera mano que la atención sanitaria se esté realizando adecuadamente. Actualmente SAID está a la espera de recibir una respuesta por parte
del Centro Vallcarca-Sant Gervasi a la reclamación.
Otro colectivo afectado por la reforma sanitaria impulsada por el Partido
Popular son inmigrantes en situación irregular portadores de enfermedades infectocontagiosas como es el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). Una encuesta realizada por el Grupo para el Estudio del Sida (Gesida) de la
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(Seimc), publicada en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, vol. 33, nº 7, agosto-septiembre 2015, solicitó información a las 17 CCAA
sobre la existencia de medidas para garantizar la atención y tratamiento de personas con infección VIH que quedaban desprotegidas con la aplicación del RD.
Además, participaron en la encuesta 97 profesionales sanitarios y ONG que
prestan atención a personas inmigrantes. De los especialistas entrevistados el
37% afirmó que el real decreto de 2012 al dejar sin atención sanitaria estándar a
inmigrantes en situación irregular ha dificultado su tarea. Los médicos
encuestados afirmaron que en un 21% de los casos, los pacientes «no fueron
atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley». Es decir, que
tampoco en urgencias los menores y embarazadas recibieron los cuidados necesarios para su situación, o no se hizo un seguimiento completo de su estado.
De los profesionales consultados el 71% estaba en contra de las restricciones
del decreto de recortes sanitarios de abril de 2002 y el 46% de las ONG que
atienden a la población inmigrante (fueron consultadas 23 ONG de 11 comunidades autónomas) contestaron que habían tenido dificultades con la asistencia
sanitaria siempre o con frecuencia. Igualmente, el 50% de los pacientes no fueron atendidos o no se les prestó atención con frecuencia según los supuestos del
real decreto.
Con respecto a las problemáticas expuestas, destacaron la dificultad para conseguir cita o la medicación, un 16,1% de los profesionales afirmaron que han
«tenido casos de interrupción del seguimiento, del tratamiento o de ambos».
Los motivos son variados: «Imposibilidad de citar a los pacientes (34%), la no
dispensación de medicación por parte del hospital (19%), la exigencia de pago
(15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber
perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la
medicación, o dificultad de acceso por problemas económicos». Gesida reconoció en su informe que la situación podría haber sido peor, si no fuera porque

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