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Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español

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Finalmente, la doctora que antes ha rehusado atender al menor si no se hacía
efectivo el pago, es la misma que le hace la revisión urgente. Antes de salir del
centro, el personal administrativo les exige el importe por enésima vez, pero
Èlia dice que en la factura quiere que conste la tarifa y el concepto del pago. El
responsable se niega en redondo. Después de mucho insistir, éste acaba entregando un justificante donde aparece el nombre del niño y la hora de la visita,
pero no hay ninguna referencia del cargo de un importe específico. Ante tal
situación, Èlia comenta a la madre que seguramente les están intentando estafar
y las dos deciden marcharse sin pagar los 40 euros.
Al cabo de unos días, la familia del pequeño recibe una llamada del centro
sanitario que les exige hacer efectivo el pago del tratamiento. Al decidir emprender algún tipo de acción legal al respecto, el hermano de Èlia y padre del
pequeño piden al centro que les envíen una factura electrónica para poder consultar con un abogado la mejor manera de resolver la situación. Paralelamente,
Èlia se pone en contacto con SAID para pedir asesoramiento y redactar una
queja formal contra el Centro Vallcarca-Sant Gervasi. Básicamente, la queja
apunta al incumplimiento de la normativa actual, la cual garantiza la atención
sanitaria universal y gratuita en caso de urgencia y en menores de 18 años independientemente de su nacionalidad y situación administrativa.
Al empezar el año reciben la respuesta a la queja, donde se considera que la
atención del personal administrativo y sanitario se ha efectuado correctamente
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