Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Seite 178
RACISMO SOCIAL
Pese excluir a inmigrantes «sin papeles» del sistema sanitario, el Real Decreto-Ley 16/2012 dejó al margen del recorte en las prestaciones a las mujeres
embarazadas, a menores y a la atención de las urgencias. Aprovechando esta
salvedad, la Generalitat Valenciana creó el programa Valenciano de Protección
a la Salud, puesto en marcha en 2013, para intentar paliar la exclusión sanitaria
provocada por dicho Real Decreto-ley, amparando a inmigrantes con enfermedades infecciosas o problemas de salud mental o a quienes ya contaban con la
tarjeta sanitaria más de un año, siempre que tuvieran pocos ingresos.
Pero la problemática causada por el Real Decreto-ley, no se limita solo a la
Comunitat Valenciana, es un problema a nivel nacional. La ONG Maternity, en
enero de 2015, denuncia en el periódico «El Correo» las trabas que sufren las
inmigrantes embarazadas «sin papeles» para ser atendidas en los ambulatorios
de la Comunidad autónoma del País Vasco. Esta ONG pidió a Osakidetza que
informara con claridad al personal sanitario del derecho que tienen las embarazadas a ser atendidas, aunque su situación administrativa no sea regular.
OID CATALUNYA. Diciembre. Irregularidad en la aplicación de la ley y
trato racista. Está siendo un diciembre bastante duro para el sobrino de 23
meses de Èlia, desde hace unos días arrastra molestias acompañadas de fiebres
altas que le impiden incluso comer con normalidad. Su sobrino y sus padres han
venido de México para instalarse de nuevo en España. El pequeño posee la
nacionalidad española y mexicana. Su madre y Èlia deciden finalmente llevarlo
a urgencias, pero al entrar al Centro Vallcarca-Sant Gervasi, les informan que
sólo puede ser atendido si asumen el pago de 40 euros.
Sin entender el motivo por el cual se les pide el importe de la visita, preguntan
al personal sanitario si el pequeño puede ser atendido en el mismo turno o si
tendrá que ser al acabar el turno de la doctora encargada. Sólo pretenden que
alguien evalúe su estado de gravedad por si hay que ingresarlo en el hospital. La
doctora les responde que, según la normativa, hace falta que sea abonado el
importe de la visita obligatoriamente para poder atenderlo.
De repente, lo que empieza pareciendo un malentendido por parte de los profesionales del centro, pues la familia del menor no se ha encontrado nunca en
una situación así, se agrava en el momento que Èlia escucha que un grupo del
personal administrativo cerca suyo refunfuña de manera prepotente: «atenderlo
sería como cuando llegan los inmigrantes en pateras y sin papeles y pretenden
que les atendamos gratuitamente» y «bien que cuando uno va a esos países le
cobran la visita...».
A continuación, los mismos profesionales les exigen agresivamente que deben realizar el pago de inmediato, aun así, les insinúan en tono amenazante, si
pretenden cuestionar el procedimiento. La humillación hace desesperar a Èlia,
quien les pide que impriman una factura donde conste el importe de la urgencia
que se les carga. Intenta que primero atiendan a la criatura y ver la gravedad en
que se encuentra, ya se ocuparán de la factura posteriormente.
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