Presentado el Informe Anual 2016 sobre racismo en el estado español | Page 162

RACISMO SOCIAL

cado a finales de 2014, y que fue noticia en enero de 2015, «los marroquíes y
rumanos son los más damnificados por la crisis». El desempleo de larga duración afecta ya a un 51% de la población trabajadora inmigrante, frente al 35%
de la autóctona. Las mujeres sufren menos tasas de desempleo, pero en cambio
sufren mayor reducción salarial.
Para escapar de la crisis, la población inmigrante ha intentado huir del desempleo aceptando la movilidad geográfica y funcional como «estrategia de supervivencia, no de mejora». Así pues, a raíz de estos procesos se ha producido una
polarización entre población trabajadora autóctona e inmigrante, de modo que
en el sector de mejor empleo se encuentra el 48% de la población autóctona. En
el caso de la población trabajadora inmigrante, el grupo con un mayor porcentaje en el segmento primario o de mejor empleo del mercado de trabajo es el de
originarios de Perú, con un 35,7%, seguido por el de Argentina, con el 34%.
Si la situación laboral de la población inmigrante que vive en las urbes es
penosa, que decir de quienes tienen que ganarse la vida en el campo... En Lorca
(Murcia), en enero de 2015, agentes de la Policía Nacional detuvieron a seis
personas de nacionalidad española, ecuatoriana y colombiana, por presunta explotación laboral de extranjeros en situación irregular en España, que trabajaban sin contrato y en condiciones de precariedad como jornaleros agrícolas
en una empresa del municipio. A las seis personas detenidas se les imputaron
tres delitos: contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Los agentes constataron
que los responsables de la empresa trasladaban a los jornaleros a las fincas de
labor «careciendo de la correspondiente habilitación», y que el gasto del transporte se le descontaba del sueldo a los trabajadores «fuese cual fuese la distancia al lugar de trabajo». La mayor parte de los trabajadores explotados eran
inmigrantes en situación ilegal en España, una circunstancia de la que se servían
los empresarios para «someterlos a condiciones laborales abusivas» que incluían
«no pagarles el salario pactado» y obligarles a comprar los útiles de labranza
que usaban para realizar el trabajo.
No obstante, este no es un caso aislado. En febrero de 2015, detuvieron a
cuatro personas en la ciudad de Olivares (Sevilla) por secuestrar y mantener en
condiciones de esclavitud a tres inmigrantes. Los cuatro detenidos pertenecen
a la misma familia y están acusados de supuestos delitos de trata de seres humanos, detención ilegal, amenazas, coacciones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos captaron en Rumanía a tres jóvenes,
entre ellos un joven discapacitado, que trasladaron a España para explotarlos
laboralmente en el campo bajo todo tipo de amenazas y agresiones, permitiéndole comer sólo una vez al día, pan duro y agua.
Otro caso de explotación laboral se dio en Córdoba, también en febrero. Esta
vez fueron doce los detenidos, tres en Córdoba y nueve en Huelva. Se trataba
de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Las víctimas, diez, eran todas de nacionalidad

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