Paradigmas Vol. 6, N. 2 | Page 95

Carlos Enrique Hernaíz, Mauricio Phélan & Jonathan Camacho como la pobreza, la desigualdad o la inseguridad, sigue desarrollándose con cierta precaución; por ello instituciones públicas tales como institutos de estadística y ministerios no suelen abordar el estudio sistemático de este fenómeno. Esto es una limitación que hay que ir sorteando, dado que los estudios de percepción y opinión también tienen sus limitaciones. Apuntar hacia el desarrollo de sistemas de monitoreo, como registros administrativos, que sean lo suficientemente confiables, permitiría un análisis más detallado del fenómeno y aportaría información para contrarrestarlo. Los esfuerzos latinoamericanos por generar índices sobre corrupción —como son los ejemplos del índice latinoamericano de transparencia presupuestaria y el índice latinoamericano de transparencia legislativa—, si bien son importantes, no han logrado alcanzar una cobertura total. A un nivel más técnico, las encuestas en diferentes modalidades y para diferentes unidades de muestreo son el camino más adecuado y posiblemente más utilizado por las diferentes instituciones en distintos momentos. El estudio de la corrupción está basado en apreciaciones subjetivas, dado que es muy difícil obtener datos empíricos confiables sobre los niveles de corrupción en diferentes países. Como se mencionó, la práctica de la corrupción es clandestina y, por demás, imprecisa, lo que impide su registro a menos que se lleguen a develar casos y entren en los registros de delitos cometidos. En algunos de los estudios se combina a la encuesta —como proceso predominante de captura de datos— con técnicas cualitativas como los grupos focales y las entrevistas a informantes clave. Un asunto a considerar en este tipo de estudios es el peso que puede tener la encuesta como procedimiento que conlleva dificultades y limitaciones, sobre todo a la hora de investigar aspectos de la realidad que tienen opacidad o son poco visibles, más aún cuando los estudios se realizan en sociedades con gobiernos autoritarios o con poca vocación democrática. La libertad de opinión y la seguridad sobre el ejercicio del derecho a expresarse son condiciones fundamentales para obtener respuestas confiables y, por tanto, datos confiables. 172 | Paradigmas, jul.-dic., 2014, Vol. 6, No. 2, 131-177