Gunsalus & Rowan
de éstos. Por lo tanto, es necesario que las instituciones se cuiden de insinuar, sin querer, su respaldo a un producto o servicio.
Por otra parte, varios tipos de gastos son susceptibles al abuso( o a la apariencia de éste): el costo de viajes o adquisiciones, que podrían haber sido gastos universitarios perfectamente adecuados si no involucrasen intereses privados, pueden ser cuestionados en otras circunstancias, a la luz de los nuevos convenios motivados por el lucro. Otro caso de un uso inapropiado de recursos públicos es el empleo no remunerado del espacio de oficinas, de personal o de equipos especializados adquiridos o mantenidos con fondos públicos, a menos que haya sido establecido específicamente por medio de un contrato.
Una situación cada vez más común en las principales universidades es el nacimiento de empresas derivadas( spin-off), caso en el cual un investigador crea una empresa privada para desarrollar o comercializar una tecnología previamente desarrollada en la universidad, a menudo con recursos públicos. En algunos casos, el investigador conserva una vinculación formal con la universidad. Las empresas spin-off están plagadas de posibles conflictos, no sólo referidos al investigador sino también a la universidad misma, la cual puede dejar de beneficiarse económicamente de un proyecto exitoso. Pero pesar de estas posibles dificultades, las empresas spin-off son, a menudo, la mejor forma de transferir nuevas tecnologías desde la universidad hacia el mercado. Los aspectos que indican posibles conflictos son los mismos que ya hemos señalado en otras situaciones; sin embargo, la mayor complejidad de este tipo de empresas hace necesaria una vigilancia especialmente meticulosa.
Políticas y procedimientos sobre conflictos de interés
Las universidades deberían tener una política para los conflictos de interés que incluya disposiciones para la divulgación obligatoria( disclosure) de actividades externas realizadas por sus docentes, investigadores y personal profesional. Los aspectos básicos de dicha política deberían incluir una divulgación oportuna y completa de dichas actividades y un proceso objetivo de evaluación, con base en estándares.
70 | Paradigmas, ene.-jun., 2011, Vol. 3, No. 1, 58-75