tancia (¿la última?) más. «Si
nosotros rechazamos la pro-
puesta que nos hacen estos
días, sabemos que nos ex-
ponemos a que la jueza nos
notifique que tenemos que
dejar el edificio. ¿Cuándo?
No lo sabemos».
Breve historia de
una estafa
Ante el alerta, cientos de
personas se acercaron al
hotel de la Avenida Callao
al 300 para escuchar la con-
ferencia en la que el abo-
gado de la cooperativa,
Ataliva Dinani, la presiden-
ta, María Eva Lossada, y el
referente Federico Tonarelli
contaron las malas nuevas.
Allí recordaron que la
sentencia de desalojo se
encuentra firme desde julio
de 2007 por parte del mis-
mo juzgado de primera ins-
tancia que tomó la causa
tras la quiebra de la empre-
sa Mercoteles en el 2001.
Luego de esa decisión, hu-
bieron distintas instancias
judiciales cuyos trámites
fueron permitiendo la ges-
tión ininterrumpida de la
cooperativa al día de hoy,
que mantiene 130 trabaja-
dores.
A pesar de que la Corte
Suprema falló en contra de
la cooperativa, en conferen-
cia los trabajadores recuer-
dan que en 2016 una Ley
sancionada en ambas cá-
maras planteó la expropia-
ción del edificio a manos del
Estado. Esa expropiación –
dictaba el proyecto - sería
abonada con los créditos
impagos que el grupo
Mercoteles S .A. mantiene
con el Estado, a partir de un
préstamo oficial obtenido
en 1978, en plena dictadu-
ra militar. Esa deuda perma-
nece impaga al día de hoy;
según un cálculo judicial de
2016, el monto de esa deu-
da supera en 2 ó 3 veces el
valor del edificio.
La historia de cómo la
justicia le otorga la propie-
dad del edificio a un grupo
empresario que jamás lo
pagó puede sintetizar parte
de la trama oscura de este
país. «Pero ese no es el prin-
cipal problema», recuerda
Federico Tonarelli. «El tema
central es que el sujeto de
esa causa no es Mercoteles
S.A., sino Bauen S.A., otra
empresa de la familia
Iurcovich. Es decir, la forma
de eludir la responsabilidad
jurídica de estos grupos es
mandar a la quiebra a una
sociedad y crear otra. Y esa
otra es la que compra el
Bauen en la quiebra. La jus-
ticia es la que debe vincu-
larlas. Esa es la única ma-
nera de terminar con la im-
punidad de estos grupos
que representan la especu-
lación financiera que fundió
el país en los 90 y pretende
volver a hacerlo ahora».
Las dos causas se man-
tuvieron en paralelo y la que
avanza –con cierta malicia
en un año electoral- es la
que pone contra la pared a
los trabajadores. Tonarelli lo
define así: «Estamos ha-
blando de expertos en ma-
niobras judiciales para ha-
cerse de fondos públicos,
estamos hablando de un
empresariado parasitario
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del Estado, que ha tejido
relaciones de todo tipo –ju-
rídicas, políticas, sociales,
personales- que les permi-
ten manejar esto de una for-
ma imposible para cual-
quiera de nosotros. Es muy
simple y lo puede entender
cualquiera: si vos debés la
cuota de tu crédito hipote-
cario, te rematan el depar-
tamento, pero ellos preten-
den que les perdonemos las
deudas y le devolvamos
algo que, a esta altura, es