Franco) Micucci estaba pre-
sente de civil en el lugar y
quiso coimear al camione-
ro para que no declarara
que había escuchado tiros»,
relata uno de los policías
cuyo testimonio obra en el
expediente.
Luego sobrevino la or-
den política de cimentar la
versión del accidente, que
fue repetida por los funcio-
narios del ministerio de Se-
guridad bonaerense y has-
ta por la propia intendenta
Sandra Mayol. Incluso tras-
cendió una captura de pan-
talla con un mensaje que
había sido redactado desde
la subsecretaría de Asuntos
Municipales de la provincia
con la versión que los fun-
cionarios debían brindar
para evitar que se consoli-
dara la hipótesis del asesi-
nato.
El texto decía lo siguien-
te: «A raíz del accidente ocu-
rrido el lunes 20 de mayo
en la localidad de San Mi-
guel del Monte en donde un
automóvil colisionó contra
un camión y fallecieron cua-
tro personas y una resultó
herida, la P olicía informó
que previamente al hecho
efectivos que se encontra-
ban recorriendo la zona in-
tentaron identificar a los
ocupantes del rodado. Sin
embargo escaparon a toda
velocidad y embistieron el
camión. Luego, por pedido
de la Fiscalía Nro. 1 de
Cañuelas fueron incautadas
las armas de los uniforma-
dos para ser peritadas, las
cuales fueron entregadas
con sus cargadores comple-
tos. Con respecto a un
fotograma en el que se ob-
serva a un efectivo con par-
te del cuerpo fuera de un
patrullero persiguiendo a
los ocupantes del Fiat, se
trataría de una linterna con
la que les hacía señas para
que se detengan».
A pesar de las presiones
ejercidas desde el gobierno
provincial, una dirigente del
PRO de San Miguel del
Monte que venía denun-
ciando la relación entre po-
licías y narcos, se contactó
con autoridades nacionales
e insistió para que fuerzas
federales tomaras las rien-
das de un proceso de inves-
tigación absolutamente vi-
ciado por las irregularida-
des manifiestas. «Como pri-
mera medida, nunca una
fuerza policial que es inves-
tigada por su presunta res-
ponsabilidad en un hecho
criminal, puede participar
de la pesquisa y esto fue
precisamente lo que ocurrió
durante los primeros tres
días de investigación, con
lo cual podemos sospechar
que se haya borrado o alte-
rado pruebas vitales para el
proceso», puntualiza Lucas
Richmond, abogado de la
familia de una de las vícti-
mas fatales.
Un pueblo
amenazado
El padre de Danilo
Sansone, dos comerciantes
y un periodista denunciaron
que fueron amenazados por
sectores ligados a las fuer-
zas de seguridad para que
no siguieran metiéndose en
la investigación del cuádru-
ple homicidio. «El viernes
por la noche, en la puerta
de mi casa, un reconocido
narco de la zona, protegido
de la cana, se apersonó en
Los restos del auto tras
el choque son mas que
elocuentes
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mi domicilio con varias per-
sonas, me agarró del cogo-
te y me puso una pistola en
el pecho exigiéndome que
me callara, que no siguiera
investigando porque de lo
contrario iba a venir al otro
día a matarme», narra Ni-
colás Ramírez, un periodis-
ta que vienen denunciando
la corrupción policial desde
hace varios años.
Tras hacer la denuncia
en la comisaría y solicitar la
custodia, Nicolás pensó que
estaría protegido. Pero se
equivocó. El sábado por la
noche, mientras se encon-
traba reunido con amigos
en su casa, una patota co-
menzó a golpear su puerta
con insistencia. «Si salía, no
tengo dudas que me mata-
ban, porque ahí había va-
rios de los que yo vengo
denunciando por vender
drogas y la policía no hace
nada», añade. El incidente
se produjo en el recambio
de guardia de los custodios,
justo cuando los que debían
relevar a los que estaban se
demoraron quince minutos,
más que suficientes para in-
timidad al productor televi-
sivo. «Tengo mucho miedo
porque estos chabones si-
guen operando con total
impunidad y la Bonaerense
no hace nada porque es
cómplice» finaliza.
«Si finalmente logramos
demostrar que estos no fue
otro lamentable caso de
gatillo fácil, sino otro de los
tantos hechos de violencia
derivados del accionar
narco, podemos sacar la
causa de la provincia de
Buenos Aires para evitar su
manipulación política y dar-
le mayor celeridad», sostie-
ne un funcionario del minis-
terio de Justicia de la Na-
ción.