D esinformación
y Sándwich del Sur, «constituye un
objetivo permanente e irrenuncia-
ble del pueblo argentino».
«Si cambia el
Gobierno, vamos a
denunciar todos los
acuerdos»
Alicia Castro fue la embaja-
dora argentina en el Reino Uni-
do entre 2012 y 2015, y consi-
dera que el Gobierno actual «está
brindando toda la información
geológica al usurpador». Asimis-
mo, opina que «no se han tomado recaudos jurídicos ni diplo -
máticos para evitar que las empresas británicas y sus asocia-
dos obtengan datos estratégicos de la plataforma continental
argentina, que puede ser utilizada en contra de los intereses
del país».
Castro piensa que la puesta en común del 2016 buscó «sa-
tisfacer plenamente la ambición británica», y califica: «Esto lo
conozco bien. Ese trato fue escrito en Londres y sellado en
Buenos Aires».
En sintonía, suma: «Recordemos que en Malvinas hay una
gigantesca base militar que tiene 1.500 efectivos británicos,
buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta
un submarino con capacidad nuclear. Periódicamente han
aumentado el presupuesto y equipamiento, teniendo como
hipótesis un posible conflicto con la Argentina». Aquellas na-
ciones ya entraron en guerra en 1982, cuando la dictadura
sudamericana intentó recuperar el territorio, pero perdió es -
trepitosamente.
Los tribunales como trincheras
En el sur argentino no planean quedarse de brazos cruza-
dos. El Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego presentó
un planteo judicial para intentar cancelar los permisos de las
petroleras. Asimismo, las autoridades del municipio de Río
Grande, del mismo distrito, ya
impulsaron su am-
paro
colectivo ante la Justicia Federal. En efecto, la ley local
prohíbe que las petroleras trabajen sin permiso de las
autoridades, y sospechan que una de las firmas operó
cerca de Malvinas sin pedir autorización a la Argentina,
desconociendo su soberanía.
Además de todo lo ya expuesto, el recurso presen-
tado por el intendente, Gustavo Melella, pide a la Se -
cretaría de Energía que informe si las empresas respe -
tan la legislación local, y que presente los estudios de
impacto ambiental necesarios. También reclama a los
funcionarios que expliquen los méritos de cada empre -
sa para obtener los permisos de exploración petrolera y
gasífera.
Desde Cancillería negaron que las adjudicaciones
hayan sido ilegales, e insisten con que las empresas no
corrompieron las leyes locales. Justifican que las adju-
dicaciones no involucran las zonas contiguas bajo dis -
puta, aunque los denunciantes afirman lo opuesto. En
todo caso, si hubo una empresa que operó en Malvinas,
dicen en la cartera de R elaciones Exteriores, lo hizo pre-
vio a la sanción de aquellas normas restrictivas.
Sin embargo, el principio constitucional sobre la so-
beranía argentina de Malvinas se estableció mucho
antes, en 1994, y desde el Ministerio no explicaron esta
incompatibilidad. Tampoco la negaron.
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