entrevista con Canal Abier-
to que «los pasivos que
siempre quedan los ven
después las poblaciones y
los sufrimos como comuni-
dad».
Asimismo, indica que el
Gobierno argentino hace en
este acto concesiones deli-
beradas a los intereses bri-
tánicos en Malvinas y en el
Atlántico Sur sobre recursos
hidrocarburíferos y pesca,
haciendo caso omiso a lo
que significa el avance de
estos capitales sobre el te-
rritorio nacional. Cabe des-
tacar, además, que una de
las tres cuencas incluidas en
el concurso, la Cuenca
Malvinas Oeste, al estar
pegada a las Malvinas se
constituye en una zona de
alta trascendencia geopo-
lítica y de seguridad nacio-
nal.
En este sentido, el mu-
nicipio de Río Grande inter-
puso ante la Justicia Fede-
ral una cautelar con el ob-
jetivo de frenar esta adjudi-
cación (VER APARTE) que,
sin embargo, finalmente fue
realizada. Como denunció
Claudio Lozano, dirigente
nacional de Unidad Popular
y coordinador del Instituto
de Pensamiento y Políticas
Públicas, «entre gallos y
medianoches, el jueves 16
de mayo, bajo la más abso-
luta opacidad institucional y
sin convocatoria político-
institucional alguna, se to-
maron graves decisiones
para el presente y futuro de
nuestros inalienables dere-
chos sobre las Malvinas y
nuestros espacios marítimos
e insulares circundantes».
La adjudicación también
fue denunciada por la CTA
rionegrina, que señaló la
grave lesión a la soberanía
y al interés estratégico na-
cional sobre el Atlántico Sur
que significa la adjudicación
que además, establece en el
artículo 3 del decreto 872
la prórroga de jurisdicción
a favor de tribunales
arbitrales internacionales
con sede en un Estado que
sea parte en la Convención
sobre el Reconocimiento y
Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras. Es
decir, Argentina cede sobe-
ranía jurídica ante cualquier
circunstancia que se tenga
con este tipo de empresas
una vez que fueron adjudi-
cadas las áreas.
«Denunciamos esta de -
cisión irresponsable del go-
bierno de Mauricio Macri de
poner en manos extranjeras
áreas geopolíticamente cla-
ves de nuestro territorio»,
señaló R odolfo Aguiar, se-
cretario General de ATE y la
CTA Autónoma de Río Ne-
gro. «Se están rifando al
mejor postor nuestros recur-
sos naturales. El proceso de
extranjerización ya no es
sólo de las tierras en la
Patagonia, sino que ahora
incluye a nuestros mares.
Este gobierno deberá ser
condenado por la entrega
de toda la soberanía de
nuestro pueblo», completó
el dirigente.
Es por esto que para el
IPYPP es fundamental de -
nunciar y «rechazar abierta-
mente este nuevo acto del
Gobierno argentino, que
podría tener incalculables
consecuencias para la inte-
gridad geoestratégica y
ambiental de nuestro Atlán-
tico Sur, que debe ser pre-
servado y defendido como
un bien común inalienable
e imprescriptible de todos
los argentinos».
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De los acuerdos se sabe poco y
nada. No obstante, el director de
OETEC, Federico Bernal, adelanta:
«Las fases de exploración suelen
durar entre cuatro y cinco años, y si
los resultados son positivos, las ope-
raciones pueden ser de hasta 30 años». Por ahora, no se
explicaron los criterios para la selección de las compañías,
algo que todavía «es parte del secreto», opina.
Asimismo, el bioquímico y biotecnólogo de la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA) critica: «No hay información so-
bre qué van a hacer con esos hidrocarburos, si se van a ex-
portar netamente o se van a ofrecer al mercado interno. Tam-
poco se sabe qué va a pasar con los dólares que ingresen
producto de esta resolución, en un contexto de brutal rece-
sión».
Sería imposible calcular el potencial energético, econó-
mico y estratégico de los sectores adjudicados, algo que se
conocerá con exactitud a través de los años, aunque se pre-
supone que es inmenso. Lo que sí trascendió es que cuando
entren en vigencia los acuerdos, desde agosto, cualquier
cortocircuito que pueda surgir entre las partes se va a dirimir
en un tribunal internacional, relegando la jurisdicción local.
Este es un detalle importante, considerando que en octubre
Argentina elige nuevo presidente.
Sobre el discurso oficial, la contradicción es grande si se
recuerda que en enero, hace tan solo cinco meses, la Canci-
llería local lanzó un comunicado sobre las islas, donde ase-
guraba: «Argentina reafirma sus legítimos derechos de so-
beranía».
Reino Unido, el gran beneficiado
En la última licitación, que abarca varias zonas de Argen-
tina, ganaron tres empresas de capitales ingleses: Shell, BP
Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, que se
instalará muy cerca de Malvinas. «El país más beneficiado a
través de sus empresas privadas es el Reino Unido. Esto no
es casualidad. Es una clara decisión de Londres de consoli-
dar su poderío económico en el mar argentino y el océano
Atlántico Sur, en convivencia con el Gobierno de Macri»,
vaticina Bernal.
Así las cosas, en 2016 Argentina y el Reino Unido acor-
daron un pacto, donde plantearon «remover todos los obstá-
culos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo
sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pes-
ca, navegación e hidrocarburos». Y vaya que se está cum-
pliendo. En ese arreglo no se planteó la cuestión de la sobe-
ranía. Sin embargo, la Constitución Nacional dice que recu-
perar los territorios de las Malvinas, junto a las islas Georgias