MP 78 MP 78 | Page 24

entrevista con Canal Abier- to que «los pasivos que siempre quedan los ven después las poblaciones y los sufrimos como comuni- dad». Asimismo, indica que el Gobierno argentino hace en este acto concesiones deli- beradas a los intereses bri- tánicos en Malvinas y en el Atlántico Sur sobre recursos hidrocarburíferos y pesca, haciendo caso omiso a lo que significa el avance de estos capitales sobre el te- rritorio nacional. Cabe des- tacar, además, que una de las tres cuencas incluidas en el concurso, la Cuenca Malvinas Oeste, al estar pegada a las Malvinas se constituye en una zona de alta trascendencia geopo- lítica y de seguridad nacio- nal. En este sentido, el mu- nicipio de Río Grande inter- puso ante la Justicia Fede- ral una cautelar con el ob- jetivo de frenar esta adjudi- cación (VER APARTE) que, sin embargo, finalmente fue realizada. Como denunció Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, «entre gallos y medianoches, el jueves 16 de mayo, bajo la más abso- luta opacidad institucional y sin convocatoria político- institucional alguna, se to- maron graves decisiones para el presente y futuro de nuestros inalienables dere- chos sobre las Malvinas y nuestros espacios marítimos e insulares circundantes». La adjudicación también fue denunciada por la CTA rionegrina, que señaló la grave lesión a la soberanía y al interés estratégico na- cional sobre el Atlántico Sur que significa la adjudicación que además, establece en el artículo 3 del decreto 872 la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Es decir, Argentina cede sobe- ranía jurídica ante cualquier circunstancia que se tenga con este tipo de empresas una vez que fueron adjudi- cadas las áreas. «Denunciamos esta de - cisión irresponsable del go- bierno de Mauricio Macri de poner en manos extranjeras áreas geopolíticamente cla- ves de nuestro territorio», señaló R odolfo Aguiar, se- cretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Ne- gro. «Se están rifando al mejor postor nuestros recur- sos naturales. El proceso de extranjerización ya no es sólo de las tierras en la Patagonia, sino que ahora incluye a nuestros mares. Este gobierno deberá ser condenado por la entrega de toda la soberanía de nuestro pueblo», completó el dirigente. Es por esto que para el IPYPP es fundamental de - nunciar y «rechazar abierta- mente este nuevo acto del Gobierno argentino, que podría tener incalculables consecuencias para la inte- gridad geoestratégica y ambiental de nuestro Atlán- tico Sur, que debe ser pre- servado y defendido como un bien común inalienable e imprescriptible de todos los argentinos». 24 De los acuerdos se sabe poco y nada. No obstante, el director de OETEC, Federico Bernal, adelanta: «Las fases de exploración suelen durar entre cuatro y cinco años, y si los resultados son positivos, las ope- raciones pueden ser de hasta 30 años». Por ahora, no se explicaron los criterios para la selección de las compañías, algo que todavía «es parte del secreto», opina. Asimismo, el bioquímico y biotecnólogo de la Universi- dad de Buenos Aires (UBA) critica: «No hay información so- bre qué van a hacer con esos hidrocarburos, si se van a ex- portar netamente o se van a ofrecer al mercado interno. Tam- poco se sabe qué va a pasar con los dólares que ingresen producto de esta resolución, en un contexto de brutal rece- sión». Sería imposible calcular el potencial energético, econó- mico y estratégico de los sectores adjudicados, algo que se conocerá con exactitud a través de los años, aunque se pre- supone que es inmenso. Lo que sí trascendió es que cuando entren en vigencia los acuerdos, desde agosto, cualquier cortocircuito que pueda surgir entre las partes se va a dirimir en un tribunal internacional, relegando la jurisdicción local. Este es un detalle importante, considerando que en octubre Argentina elige nuevo presidente. Sobre el discurso oficial, la contradicción es grande si se recuerda que en enero, hace tan solo cinco meses, la Canci- llería local lanzó un comunicado sobre las islas, donde ase- guraba: «Argentina reafirma sus legítimos derechos de so- beranía». Reino Unido, el gran beneficiado En la última licitación, que abarca varias zonas de Argen- tina, ganaron tres empresas de capitales ingleses: Shell, BP Exploration Operating Company Limited y Tullow Oil, que se instalará muy cerca de Malvinas. «El país más beneficiado a través de sus empresas privadas es el Reino Unido. Esto no es casualidad. Es una clara decisión de Londres de consoli- dar su poderío económico en el mar argentino y el océano Atlántico Sur, en convivencia con el Gobierno de Macri», vaticina Bernal. Así las cosas, en 2016 Argentina y el Reino Unido acor- daron un pacto, donde plantearon «remover todos los obstá- culos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pes- ca, navegación e hidrocarburos». Y vaya que se está cum- pliendo. En ese arreglo no se planteó la cuestión de la sobe- ranía. Sin embargo, la Constitución Nacional dice que recu- perar los territorios de las Malvinas, junto a las islas Georgias