final el estado cedió y la ley seca fue abolida, con esto se demos-
tró que el poder de los gobiernos no lo puede todo y que aunque
el fin sea justo no se puede imponer violando la libertad de elec-
ción de la sociedad, porque por muy honorable que sea el fin eso
no tiene por qué justificar los medios empleados para conseguirlo
y el deber de los gobiernos es respetar el libre albedrío de los ciu-
dadanos cuando se trata de decidir sobre su propia vida. A partir
de ese momento el estado y los ciudadanos pasaron a clasificar el
alcohol y el tabaco como drogas buenas, simplemente porque es-
tas eran las más tradicionales y por lo tanto comenzaron a perse-
guir a las restantes. Este fue un acto de evidente hipocresía, pues
el alcohol es la droga que más muertes ocasiona, pero al hacer tal
distinción de alguna forma la moral ciudadana parecía quedar in-
tacta, al culpar de todos los males a las demás drogas. El estado
debería acabar con esta situación y fomentar la erradicación de
todas las drogas, pero de forma pacífica y sin coacciones, por
ejemplo empleando medidas como dejar de considerar la embria-
guez un atenuante por los delitos cometidos, como ocurre ahora
en algunos países, pues tales medidas más que ayudar a erradicar
el consumo lo que hacen es favorecerlo, es evidente que solo
cuando el estado y los ciudadanos llamen a las cosas por su nom-
bre esto podrá cambiar. Con estas medidas, las mafias desaparece-
rían y muchas personas que se encuentran indebidamente en pri-
sión saldrían de ella, porque si aplicamos las leyes actuales a to-
dos los que trafican con drogas, entonces todos los dueños de ba-
res o fábricas donde se produce o vende alcohol tendrían que estar
en prisión. Es cierto que las drogas deben ser combatidas, pero
únicamente en el terreno de la formación moral y en la elimina-
ción de cualquier ventaja legal para aquellos que se drogan.
Otro ejemplo de la distancia que en algunos casos existe entre ley
y justicia es como algunos códigos penales establecen el derecho
de los delincuentes a obtener indemnizaciones por las lesiones
que pudieran sufrir durante la comisión de un delito, en este caso
es evidente la mala fe de la ley, pues su deber es hacer todo lo ne-
cesario por desmotivar al delincuente para la comisión de delitos
y no a animarles a ello. Porque si el argumento de la ley para jus-
tificar esta medida es que la víctima en su acto de defensa hubiera
causado lesiones al agresor por encima de lo justificado, entonces
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