Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 964

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María Dolores París Pombo
trumentar políticas punitivas que violan de manera sistemática los dere-
chos humanos de los migrantes (Menjívar y Abrego, 2012).
Más allá del evidente acercamiento del Estado mexicano a los intereses
políticos estadounidenses a lo largo de las últimas tres décadas, es impor­
tante subrayar que tanto el discurso como la realidad migratoria son radi­
calmente diferentes en ambos países. A diferencia de su vecino del norte,
México no ha sido tradicionalmente un país de inmigración: a lo largo de su
historia nunca tuvo más de 1% de población inmigrante, y generalmente
se mantuvo abajo del 0.5%. En cambio, es un país de expulsión de migrantes
hacia Estados Unidos, donde viven más de 12 millones de personas naci-
das en México. También es un territorio con una alta movilidad humana.
Los flujos migratorios en territorio mexicano están en su mayoría dirigidos
hacia el norte, de ahí la dependencia del Estado en materia de política mi­
gratoria.
En el impulso de las políticas de contención migratoria, México no ha
re­suelto una contradicción fundamental entre dos discursos que compiten
continuamente en la esfera pública: el de los derechos humanos y el de la
seguridad nacional. Ambos contribuyen de manera desigual a la construc­
ción de la realidad política en materia migratoria, pero en escenarios dis­
tantes. El discurso de derechos humanos busca construir legitimidad en
foros internacionales y entre la población mexicana que vive en Estados
Unidos. En cambio, el de seguridad nacional asegura la atracción de ingen­
tes recursos, principalmente a través de negociaciones con el gobierno esta-
dounidense.
La primera realidad —la de los derechos humanos— es inaprehensible
para los migrantes centroamericanos. La realidad política que llega a con­
cretarse en acción pública percibida directamente por los migrantes, es de
violencia institucional justificada bajo el manto de la seguridad nacional.
El discurso de la seguridad permite, en cambio, a ese Estado atraer mi­
llonarios recursos de parte del gobierno estadounidense o etiquetados por
el propio Congreso de la Unión. Estos recursos se invierten en prácticas
institucionales de contención de los flujos migratorios: por ejemplo, el au­
mento del número de detenciones y deportaciones. Sin embargo, a diferen­
cia de Estados Unidos, donde la noción de seguridad nacional es asociada
de manera sistemática con la de migración tanto en los discursos políticos
como en documentos oficiales, en México la clase política elude siempre esta
asociación.
A pesar de la repetición insistente del concepto de derechos humanos
en las leyes y programas públicos relativos a los migrantes, el Congreso de la
Unión raramente etiqueta recursos para garantizar esos derechos, mientras
que continuamente aumenta los recursos asociados a la seguridad (nacio­