Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 963
Las barreras migratorias en México
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pero sus implicaciones han sido históricamente muy diferentes en am-
bos países. Si bien formal y discursivamente el gobierno mexicano usó estos
términos por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en
este país no existió una doctrina de seguridad nacional como tal. La mayor
parte de los políticos y funcionarios públicos (e incluso del ejército) elu
dieron el concepto durante años porque estaba asociado con las dictaduras
del Cono Sur (Calleros, 2010).
Fue con el primer presidente de la República del derechista Partido de
Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quezada (2000-2006), cuando el con
cepto de “seguridad nacional” empezó a difundirse en medios políticos y
académicos y a tener un impacto en el desarrollo institucional, fundamental
mente mediante el reordenamiento de las agencias de seguridad, la creación
de un gabinete de seguridad nacional y la emisión de una Ley de Seguridad
Nacional, el 31 de enero de 2005 (Calleros, 2010:19).
El 18 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
(dof, 2005) el Acuerdo por el cual el Consejo de Seguridad Nacional re
conoció al Instituto Nacional de Migración como instancia de Seguridad
Nacional. Ese mismo año, en el documento del INM titulado “Propuesta de
política migratoria integral en la frontera sur de México”, se planteó como
tercera línea estratégica contribuir a la seguridad en la frontera sur. En este
documento como en muchos otros documentos oficiales del instituto, el
concepto de seguridad nacional era declarativo y se desglosaba en temas de
seguridad fronteriza o de seguridad pública.
La noción de seguridad nacional ha sido particularmente productiva
desde el punto de vista de la distribución del presupuesto público hacia el
INM y hacia otras agencias del gobierno mexicano. Resulta relevante aquí
referirnos a la teoría de Didier Bigo (2001) sobre la relación entre migración y
seguridad: este autor asegura que cada vez más diversas instituciones públi
cas compiten por recursos financieros presentándose como indispensables
para salvaguardar a la sociedad y al Estado de amenazas contra su integri
dad. Lo que está en juego es el ejercicio del poder político, la definición de los
riesgos fundamentales que amenazan a la nación y, por supuesto, la distri
bución de los recursos públicos. Los argumentos exhibidos por los políticos
con relación a la seguridad llevan a un conjunto de acciones públicas en
materia migratoria, financiadas por el Estado mexicano o por el estadouni
dense. Estas acciones tienen a su vez repercusiones sobre fenómenos so
ciales, como los flujos migratorios y las redes migratorias. Tienden además
a promover formas diversas de violencia contra los migrantes de parte de
funcionarios públicos, agentes de seguridad y grupos de delincuentes.
Como lo han mostrado muy diversos autores en el caso de Estados Uni
dos, la asociación entre seguridad nacional e inmigración ha llevado a ins