Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 965
Las barreras migratorias en México
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nal, fronteriza o pública). Esto explica la aparente contradicción de la polí
tica migratoria en México: mientras que en el discurso, en las leyes y en los
programas predomina la defensa de los derechos, la realidad política que
se construye es de criminalización de los migrantes en una perspectiva de se-
guridad muy similar a la estadounidense.
Un diagnóstico sobre el Instituto Nacional de Migración (INSYDE,
2013) señala de manera precisa cómo el presupuesto del instituto revela
las prioridades del mismo: las tareas de control y gestión migratoria concen
tran el 82% del presupuesto y el 6% se dirige a las estaciones migratorias.
Sólo 11% de los recursos se canaliza hacia labores de protección a migran
tes (INSYDE, 2013:197-199).
El reconocimiento del INM como instancia de seguridad nacional ha
permitido desde 2008, la transferencia de recursos de parte del gobierno
estadounidense a través de la Iniciativa Mérida. Esta iniciativa constituye
un programa de asistencia en seguridad para México y Centroamérica que
resultó de una reunión entre los gobiernos de la región en esa ciudad del
Sureste de México, en octubre de 2007. El propósito de la Iniciativa Mérida
era expandir el combate contra las organizaciones criminales y la catego-
ría principal de la ayuda financiera era equipo e infraestructura tecnológi-
ca para las agencias de seguridad. La iniciativa tiene cuatro pilares, el tercero
de los cuales se denomina “estructura fronteriza del siglo XXI”.
Como parte de esta iniciativa, en 2011, el Departamento de Defensa de
Estados Unidos puso en marcha un programa para la región fronteriza
México-Guatemala-Belice, con cerca de 50 millones de dólares para la ad
quisición de “lanchas patrulleras, equipos de visión nocturna, equipos de
comunicaciones, sensores marítimos (Isacson, Meyer y Morales, 2014:5).
A partir de 2013, el gobierno mexicano recibió apoyo para el establecimien
to de 12 bases navales en los ríos fronterizos mexicanos y tres cordones de
seguridad a lo largo de 161 km de las fronteras con Guatemala y Belice.
Además, se instalaron también tres Centros de Atención Integral de Tránsi
to Fronterizo (CAITF) que constituyen puntos de revisión aduanal y de
fensa, e involucran a varias agencias de seguridad (Díaz, 2016:12).
Al inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto manifestó su
interés en recibir apoyo en el marco de la Iniciativa Mérida para reforzar
la seguridad en la frontera con Belice y con Guatemala. En este contexto, el
tercer pilar de la iniciativa, que se proponía “crear la estructura fronteriza
del siglo xxi”, fue tomando relevancia hasta convertirse en el pilar principal
(Isacson, Meyer y Morales, 2014:6). El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)
y WOLA proporcionan datos de la iniciativa para 2014, según los cuales el
Departamento de Estado de Estados Unidos habría autorizado para ese año
“112 millones de dólares en tecnología para la seguridad fronteriza ‘inclu