Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 316

316 Jose Prado denunciaron (Howle, 2017). Es decir, que por las exenciones fiscales ema­ nadas desde el nivel estatal, se le otorga a la rama administrativa del siste- ma CSU “discreción y flexibilidad”, y así se exime de la necesidad de “determinar cómo los montos adquiridos en años anteriores por el sistema CSU serán usados en el presente año y para la designación del presupuesto para puestos de empleo específicos” (Howle, 2017:27). De esta manera, los gastos de cada componente básico del sistema universitario —el admi­ nistrativo, el curricular y el pedagógico— quedaría a la discriminación del sector administrativo que ha aumentado su propio salario, reduciendo el de las y los docentes, y aumentado el costo de estudio para el alumna- do. En sí, estas prácticas administrativas de descentralización y desre- gulación dentro de la nueva arquitectura institucional, son componentes característicos del bloque histórico actual (Harvey, 2006; Sassen, 1998). Es este entorno institucional-educativo se ajustan los espacios onto- estructurales —los salones de estudio, las salas de conferencia, etc.—, cuya investigación se va cimentando sobre este capítulo. Es el mismo contexto institucional-educativo que se fija dentro de una época en la región donde la labor inmigrante tiene tan significante presencia. Son estas realidades las que impulsan la investigación. Así, el estudio (del que el presente texto es introductorio) va identificando las prácticas institucional-educativas con las que se va capitalizando dentro del sistema universitario estatal a costa de los esfuerzos de quienes soportan y abonan su elevada colegiatura, y quienes son tan seguidamente las y los hijos de familias inmigradas desde México. Véase ahora el ámbito sociohistórico, donde surge la educación superior chicana y en el cual se formaliza como un servicio institucional. L as H ispanic S erving I nstitutions ( hsi ) Desde la re-autorización del Acta de Educación Superior de 1965, en el año 1992 se les ha permitido a las instituciones de educación superior que cuentan con un estudiantado latino de por lo menos 25% de los matricu­ lados, identificarse como Instituciones de Servicio Hispano (HSI), siendo siempre instituciones no-lucrativas y proveedoras de licenciaturas (De­ partment of Education, 2017). El criterio principal para la concesión de esta designación, aparte de su registro latino, es que las mismas tengan el expreso interés del mejoramiento y la expansión de servicios al estudian­ tado latino y de aquellos otros de bajos recursos. De esta manera, se les abrió la oportunidad de solicitar recursos específicos federales para realizar sus intereses. Tal es el caso que para el año 2015 se les designó 100.2 mi­ llones de dólares a estas instituciones a nivel nacional. Desde 2016 éstas