Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 330
ÓSCAR EFRÉN MARÍN ENRÍQUEZ
Derecho Fundamental al agua en el derrame del Río Sonora
Conclusiones
Un hecho catalogado como el peor desastre ambiental ocasionado por la minería
en México y con consecuencias tan graves, debería haberse enfrentado de la
manera más contundente posible, en cambio, la respuesta de las autoridades y
las medidas de contención implementadas nos muestra la falta de preparación
y eficacia que tienen las instituciones gubernamentales para reaccionar ante
una emergencia de tal magnitud.
Desde el año 2009 se detectaron indicios de irregularidades en las
operaciones de Grupo México, las cuales pudieran haber derivado en
contaminación a las aguas de los ríos sonorenses cercanos a la mina, así fue
denunciado en diversos oficios enviados por el Sindicato de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana al entonces
gobernador Eduardo Bours Castelo y al delegado de la PROFEPA Rafael
Quiroz Narváez, en los cuales instan a ambas autoridades a tomar acción
contra las compañías mineras, ya que, sin explicación alguna, el 14 de abril
de 2009, éstas retiraron personal de emergencia y mantenimiento en una de
las presas de jales 4 (Uniradio Noticias, 2016).
Basado en lo anterior, se puede afirmar que el derrame podría haber sido
evitado en su totalidad, si el Estado actuara como se lo indica la Ley General
de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en su artículo 117
(LGEYPA 2015), realizando inspecciones para corroborar que las compañías
mineras operen adheridas a los parámetros contenidos en normas como la
NOM-159-SEMARNAT-2011 (2012), en donde se establecen los requisitos
de protección ambiental a los cuales deben estar sujetos los sistemas de
lixiviación de cobre.
La problemática que trae como consecuencia el derrame del Río Sonora
a la cual se enfrentan los pobladores afectados comprende daños a la salud,
afectaciones económicas y medioambientales. La decisión que tomaron
las autoridades para hacer frente a esta problemática es la institución de un
fideicomiso, como se ha señalado, y el mecanismo para solucionar el problema
es el programa de remediación elaborado por Grupo México, aprobado por
Semarnat.
Las autoridades optaron por pactar con los responsables, en la forma de
un fideicomiso, donde el capital para remediar el daño es aportado de una
manera voluntaria, la justificación a esto puede verse como una cuestión de
Lugares utilizados para la extracción de metales mediante procesos químicos.
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