Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 331

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ÓSCAR EFRÉN MARÍN ENRÍQUEZ
Derecho Fundamental al agua en el derrame del Río Sonora
tiempo, el problema se debía atender de manera inmediata y mediante este
fideicomiso se consiguen los recursos necesarios de una manera más rápida
que si se hubiera optado por la resolver el conflicto por la vía judicial.
Tomando en cuenta la relación del marco normativo expuesto en este
trabajo 5 con el hecho jurídico que constituye el derrame del Río Sonora, se
infiere que en efecto existió una violación al derecho humano al agua de
calidad por parte de Grupo México. Este suceso impide a los pobladores de
la zona afectada el aprovechamiento de una fuente natural de agua de calidad,
infringiendo así los estatutos legislativos promulgados para la protección de
este derecho.
Hasta la fecha no se han encontrado comunicados oficiales de la
Procuraduría General de la República que liguen a Grupo México con algún
procedimiento penal por motivo del derrame del Río Sonora. Cabe recalcar
que el fideicomiso puede servir como un atenuante para las responsabilidades
administrativas o ambientales, pero de ninguna manera puede eximir a los
responsables de una responsabilidad penal. 6
Los sujetos afectados han expresado su descontento ante las medidas
implementadas en el programa de remediación (Carreto 2016, Méndez y
Sánchez 2016, Valero 2017): no se han instalado todas las plantas potabilizadoras
prometidas y algunas han caído en desuso, se cierra la unidad de vigilancia
epidemiológica instalada en el pueblo de Ures, y las restituciones económicas
otorgadas por el fideicomiso son muy precarias si valoramos factores como
la pérdida de siembras enteras por falta de agua para riego.
Por otro lado, los organismos gubernamentales deben actuar de manera más
determinante contra los agentes culpables de contaminar el medio ambiente,
si las sanciones aplicadas no son proporcionales al daño causado, no se fijará
un precedente que haga a los responsables reforzar las medidas de seguridad
cuyo objetivo tienen la prevención de estos desastres ambientales.
Asimismo, las asociaciones colectivas de individuos afectados deben
continuar exigiendo que se hagan valer sus derechos por el Estado, si este suceso
cae en el olvido de la población, será como muchos otros casos en donde el
daño ambiental tarda generaciones en revertirse, si es que no es irreversible,
y el agravio a los derechos de los individuos solo es parcialmente restituido.
En especial el artículo cuarto Constitucional, la resolución 217 A III de la ONU, y el artículo
14 del Protocolo de San Salvador.
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Entre uno de tantos supuestos jurídicos que pudieran derivar en una acción penal se encuentran
los contemplados por el artículo 420 Quarter del Código Penal Federal, el cual establece penas para
los sujetos que no cumplan las medidas de seguridad establecidas para prevenir daño ambiental.
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