Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 256

GREGORIO BALLINAS CANO
Instituciones, actores y gestión de recursos naturales en la Sierra Madre de Chiapas
reglas en el uso de los recursos, que entran en serias contradicciones con los
usos históricos de las comunidades, produciendo así procesos de tensión y
conflicto.
Tejeda (2009) ilustra, por ejemplo, cómo en la Selva Lacandona en el
estado de Chiapas, se presentaron conflictos entre la gestión estatal y las
comunidades, derivado de las reservas que ahí se decretaron, en especial
cuando las comunidades percibieron en las reglamentaciones limitantes a su
desarrollo y un despojo del control y de los usos del territorio.
Cano-Díaz et al (2015) indica que existen argumentos que apuntan a
que las comunidades tienen formas inadecuadas de uso de los recursos y,
por ende, tienen que modificarse, no reconociendo, por consiguiente, las
acciones colectivas de manejo sustentable que las comunidades realizan o
pueden desarrollar. Por otro lado, se encuentran argumentos que apoyan la
conservación de base comunitaria que incluso ha logrado conservar mayor
cobertura forestal que las ANP federales o estatales (Durán-Medina, Mas y
Velázquez, 2007).
Así, en el centro del debate se encuentran las corrientes proteccionistas
derivadas de visones de la ecología profunda que plantea “una gestión orientada
a la mínima intervención sobre la naturaleza, que procura la reducción de la
población, un retorno al uso de tecnologías y mecanismos de gestión propios
de las comunidades ancestrales” (Martínez Idrobo y Casas, 2014:17); en el
lado opuesto tenemos los enfoques que abogan por la conservación con base
comunitaria, que afirman que es posible armonizar los objetivos de protección
ambiental con las necesidades de las comunidades que habitan en estos espacios
y por lo cual resulta imprescindible que se involucren en su manejo.
Sobre lo anterior, la pregunta a discusión gira en torno a discernir ¿quién
debe estar a cargo de la gestión de los recursos naturales que pueden ser
apropiados y que, por su importancia, deben ser protegidos? Uno, el Estado a
partir de las dependencias y las estructuras institucionales; dos, el mercado y la
propiedad privada mediante una gestión eficiente que logre la internalización
de las externalidades negativas o la valoración económica de los recursos
naturales, que evite la llamada tragedia de los comunes (Hardin, 1968); o
tres, las comunidades sobre la base de sus prácticas, saberes y normativas
(Ostrom, 2000).
Sea cual sea la postura, lo que sí es evidente es que en México la mayor
parte de las ANP se encuentran dentro de los territorios de las comunidades
campesinas e indígenas y que su instrumentación inducirá a una reconfiguración
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