Libro: Estado, pensamiento crítico y políticas públicas LIBRO IIESES 2018 | Page 45

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sólo se invirtió para generalizar el servicio de la educación pública entre la
población, sino también se mejoró sustancialmente su calidad.
Hoy en día, los países que lideran las tasas más altas de estudios
universitarios son: Corea del Sur, Canadá, Japón, Reino Unido y Luxemburgo,
naciones todas ellas desarrolladas y en donde entre el 70 y 51% de sus
habitantes estudiaron la licenciatura o posgrado (OCDE, 2018).
En México, por su parte, el grado promedio de escolaridad está por debajo
de los principales países de la OCDE. En efecto, para 2015, el grado promedio
de escolaridad en el país se ubicó en 9.2 años. En contraste, en países como
Estados Unidos, se ubicó en 12.9 años; Alemania, 13.1 años; República de
Corea, 11.9 años; Chile, 9.8 años (OCDE, 2018).
En efecto, las políticas de acceso universal a la educación superior
tienden a mejorar el ingreso de las personas, pues existe una relación entre nivel
de ingresos y nivel educativo alcanzado; en México, por ejemplo, los adultos con
título de educación superior ganan, en promedio, más del doble que los adultos
que sólo cuentan con la educación media superior (OCDE, 2018). Así, las
políticas de acceso universal a la educación superior tienen el potencial de
contribuir a reducir las desigualdades presentes en una nación como México.
El Estado mexicano tiene el deber y la obligación constitucional
consagrada en el Artículo 3º de impulsar la educación pública, laica, gratuita y
obligatoria entre la sociedad mexicana. Lamentablemente esta obligación
constitucional abarca hasta el nivel medio superior, por lo que el gobierno federal
ha tratado de enfrentar el problema de la inequidad en el acceso a este nivel
educativo con paliativos. Ejemplo de ello es el programa “Un lugar para ti”, acción
impulsada en el 2017 por parte de la SEP, cuya población objetivo fue los cerca
de 383 mil rechazados de la UNAM, el IPN y la UAM. Para dicho año, se ofertaron
poco más de 41 mil espacios en universidades públicas y privadas de la zona
metropolitana del Valle de México. Dicho programa consistía en ofrecer a los
aspirantes rechazados la posibilidad de inscribirse con tarifas preferenciales en
una de varias universidades privadas ubicadas en la Ciudad de México, Estado
de México, Hidalgo o Morelos. Dichas tarifas promocionales eran menores a los
1,350.00 pesos mensuales. El programa daba la posibilidad de otorgar una beca
de 6 mil pesos durante el primer semestre y la posibilidad de renovarla hasta el
segundo semestre. Este programa resulta, en realidad, un paliativo al problema